Ambos funcionarios están enfrentados por una polémica sobre si el candidato a gobernador debe renunciar inmediatamente como afirma la defensora o lo que postula Barbeito que lo hará en el momento de su efectiva oficialización como candidato en la Justicia Electoral, cuando esté el llamado a lecciones. Piccinini presentó la semana pasada un amparo mandamus ante el STJ para que oblige a Barbeito a definir si es candidato o ministro.

Consultado por ello, el candidato del oficialismo acusó la funcionaria de “aprovechar la tarea de los abogados del organismo para que la defiendan en casos en que esta denunciada.”

Piccinini respondió que “no está vinculada a ninguna causa que no sea la propia de su función”, acotando que seguramente el candidato a gobernador “ignora también que por ley, la Defensoría del Pueblo tiene la facultad de litigar sin gastos, es decir que en los juicios que participa no hay costas, por lo tanto tampoco se regulan honorarios”. (ADN)