La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, no ahorró críticas contra la corrupción en el gobierno de Miguel Saiz, pero esta vez, en su informe anual ante la Legislatura, amplió el blanco de sus acusaciones incorporando en ellas a la Justicia.

En una agitada e interrumpida sesión parlamentaria, la funcionaria leyó su presentación in voce. El bloque oficialista y algunos de sus aliados, que inicialmente intentaron exigirle que se limitara a describir sus acciones sin apreciaciones personales, optaron por retirarse del recinto en el mismo momento que Piccinini comenzaba a explicar sus denuncias sobre presuntos hechos ilegales.

A las 11.45 -luego de una sorpresiva reunión de Labor Parlamentaria- la titular del organismo de control ingresó a la Legislatura y se presentó ante 37 legisladores (Silvia Horne, Carlos Alberto Peralta, María Esther Bethancourt, Daniel Cortés, Patricia Ranea e Iván Lazzeri tuvieron licencia). El discurso duró cerca de tres horas y fue interrumpido por los diputados radicales, que en un momento hasta forzaron un cuarto intermedio de unos 15 minutos (ver aparte).

Piccinini describió el accionar de la Defensoría en distintos ámbitos de la administración pública. Defendió la actividad desarrollada y planteó que siempre estuvo dentro de la legalidad y de sus competencias. Reclamó que desde el Gobierno en muchos casos se obstaculizó la búsqueda de información.

Al cerrar su exposición hizo una fuerte arenga a los jueces. "Sin la independencia real, efectiva y no declamada de la justicia, nada se podrá corregir. El mal funcionario, el corrupto, trata de garantizarse la impunidad manipulando a la justicia. Los jueces tienen la obligación constitucional y moral de asegurar a la ciudadanía de Río Negro que no habrá delincuencia enquistada en el sector público", esgrimió.

Adelantó que este año se abocará a intentar que haya juzgamiento para las denuncias realizadas en los dos años anteriores. "Este órgano de control va a sumar un nuevo desafío a su tarea. Hemos emprendido la lucha contra la corrupción, ahora vamos a emprender, en lo que queda de nuestra gestión, la lucha contra la impunidad, contra la falta de castigo", expresó.

Durante su informe dio a conocer nuevas denuncias e investigaciones que está llevando adelante. Hizo especial hincapié en la obra pública (ver detalle), en tanto que dedicó varios párrafos a maniobras en el Idevi y el Consorcio de Riego, que denunciará proximamente ante la Justicia. También informó acerca de su análisis sobre las concesiones petroleras, con fuertes críticas a un borrador de ley que -según afirmó- tendría el gobernador Saiz mediante el cual se "delega en el Poder Ejecutivo toda la renegociación de los contratos a partir de un modelo de contrato marco en el cual no constan las cuestiones esenciales".

Tras el cierre, producido pasadas las 15, los presidentes de la bancadas del PJ, Ademar Rodríguez y del Foro Rionegrino, Luis Bardeggia, expresaron su reconocimiento a la tarea de la defensora y su equipo. Por su parte, Beatriz Manso, de Redes, también destacó lo realizado y preguntó si las denuncias realizadas por Piccinini sobre violaciones a los derechos humanos en las comisarías serían elevadas a organismos internacionales, a lo que la defensora respondió afirmativamente. Odarda por su parte, pidió precisiones sobre cuestiones ambientales como el PCB, Alpat y la situación del lago Nahuel Huapi, para lo cual Piccinini la invitó a la Defensoría para transmitirle la información y solicitarle colaboración en el seguimiento de algunas causas.