La protesta docente por la ley educativa impulsada por el presidente reabrió las fisuras en el Frente Amplio causadas por la sucesión del presidente uruguayo. El vice tuvo que llamar a la policía para calmar los ánimos.
El saldo de la jornada fue una policía herida en la cara, varios sindicalistas con moretones o heridas leves y una ley de educación que rechaza el ala izquierda del Frente Amplio, el Partido Comunista (PC), la principal central gremial del país y tradicional aliada del gobierno de Vázquez, la PIT-CNT, los sindicatos docentes y los centros de estudiantes secundarios y la oposición conservadora. “Aquí lo que pasó es que el gobierno impulsó un debate nacional para construir la nueva ley de educación y después desoyó todas las conclusiones”, explicó a este diario el senador comunista Eduardo Lorier, el único legislador del oficialismo que el martes votó en contra de la ley.
El año pasado, el presidente Vázquez convocó a un debate nacional en cada colegio, escuela y universidad para discutir una nueva ley nacional de educación. Durante meses, profesores, maestros y estudiantes tomaron una hora por semana para hablar del tema. En un congreso nacional se presentaron todas las propuestas y se redactó un proyecto de ley. “No era vinculante por ley, pero sí por decencia. Sino, ¿para qué llamar al debate nacional?”, señaló Lorier.
El proyecto final que presentó el gobierno en el Congreso a principio de mes era muy distinto del original. Agregó elementos como incorporar una hora diaria más de clase, acortar las vacaciones de invierno y sumar cursos los sábados. Pero quitó otros, que según los gremios y el PC uruguayo, garantizan los principios básicos que demandaban los docentes y estudiantes: la autonomía y el cogobierno.
Según el proyecto que la próxima semana sería promulgado por el presidente Vázquez, el gobierno, con la ratificación del Senado, elegirá a tres de los cinco miembros del directorio de la Administración Nacional de Educación Pública y los gremios docentes a los otros dos, mediante elecciones. El Congreso Nacional de Educación había pedido que todas las autoridades fueran nombradas por docentes y estudiantes, para garantizar la autonomía de la educación del poder político de turno. Además, la nueva ley crea tres institutos de educación nuevos, que también serán controlados por el Ejecutivo.

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