En abril último, el juez en lo Contencioso y Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias había dispuesto el cierre temporal de la morgue hasta tanto se investigara una denuncia por presuntas irregularidades presentada por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (Ciaj) luego que dos personas, que murieron con seis años de diferencia, fueron enterradas con la misma identidad.

Otras presuntas irregularidades con el registro de muertes fueron descubiertas poco después que La Plata sufriera la peor inundación de su historia, el 2 de abril de 2013, en la que fallecieron unas 89 personas.

El gobierno bonaerense apeló el cirre e invocó una serie de impugnaciones a las que la Cámara de Apelaciones hizo lugar, reordenando la reapertura de la morgue platense.

Arias ordenó allanar la morgue, y el 28 de febrero un equipo de Gendarmería entró en el cementerio junto a la vecina Soledad Escobar, que figura como amicus curiae en el expediente. Pasó allí 24 horas, se llevó computadoras y muestras de ADN de unos 64 cadáveres y revisó todas las instalaciones, lo que registró en actas, filmaciones y fotografías.

Según consta en un informe que presentó luego Escobar, el panorama era terrible: las cámaras frigoríficas no funcionaban, por lo que "los cadáveres se descomponen a temperatura ambiente, unos sobre otros"; en algunas bandejas había "cuerpos apilados", por lo que "llevaba un buen tiempo comprender de cuántos se trataba, puesto que se hallaban literalmente pegados"; los cuerpos "se encuentran en diferentes estados de descomposición, repletos de insectos que se desprenden y vuelan cuando se abre cada una de las puertas de las «heladeras»".

A su vez, detalló que "en otra ocasión, a los peritos forenses de Gendarmería les tomó su tiempo verificar si lo que había en dos bandejas eran dos cuerpos diferentes o parte de un único cadáver"; cuerpos de fetos o bebés se encontraban en baldes; "en la `cámara de vísceras` se encontraban más de 50 bultos, entre cadáveres de bebés sin rotular";