En octubre del año pasado, los concejales capitalinos aprobaron la resolución 708/10 que promovía "la inclusión laboral de personas con discapacidad que se encuentran incluidas en el Programa Acciones de Entrenamiento para el Trabajo, para personas con discapacidad".

Familiares de los chicos que realizaron esta capacitación denunciaron a El Tribuno que, a pesar de que el curso terminó, continúan esperando por el cargo.

"Les informaron que para tomarlos a ellos tendrán que despedir a 10 personas.

Además les dijeron que tienen que realizar un proyecto, que esperen hasta después de las elecciones y muchas cosas de ese tipo. No pueden jugar así con la ilusión de las personas, menos aún con discapacitados que son más sensibles que el resto", le contó a El Tribuno la hermana de uno de los 10 chicos seleccionados para ingresar a trabajar en la Municipalidad.

"Mi hermano no quiere denunciar más porque tiene miedo de que después no lo tomen. Le pasa lo mismo a los compañeros de él", dijo la mujer.

La concejal del PJ Frida Fonseca, autora de la resolución, dijo que "el curso aún no termina y la resolución decía que en mayo, una vez concluido el curso, los chicos podrían ingresar a sus puestos. A su vez, este no es obligatorio. Es solo una herramienta más que da el Gobierno nacional para que las personas con discapacidad se capaciten y puedan acceder a un trabajo". Pese a los dichos de la concejal, los familiares de los chicos señalaron que el curso ya terminó.

Fonseca aclaró que esta era una resolución y que no es obligatorio su cumplimiento. Lo que si es obligatorio es el cumplimiento de una ley nacional, a la cual adhirieron el municipio y la Provincia. Es el caso de la ley 22.431 que plantea: "El Estado nacional -entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos- están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas".

Algunos chicos discapacitados estudian en la universidad o tienen un oficio bien aprehendido, sin embargo deben hacer este curso para poder trabajar, porque de lo contrario tendrían menos posibilidades. Según ellos, hace años que buscan trabajo tanto en el sector público como privado y no logran la estabilidad deseada.

Todos reciben la pensión por discapacidad, pero no solo no les alcanza sino que no les da "proyección de futuro, que es lo que necesita cualquier persona", dijo uno de los jóvenes discapacitados que realiza el curso y que no quiso dar su nombre.

Para cualquier ciudadano salteño conseguir un trabajo estable es un problema y para las personas con discapacidad este desafío es mucho mayor.

Esta resolución, aprobada el año pasado por el Concejo, no solo pone al descubierto la falta de cumplimiento de una ley nacional sino también la escasa inclusión que hay en Salta.

Lo que se les exige

La normativa pone como condición que las personas discapacitadas que quieran ingresar a trabajar en la administración pública hayan realizado el curso del Plan Nacional de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo. Esta condición discrimina a las personas con discapacidad.Las obliga a realizar un curso para acceder a un puesto de trabajo, capacitación que el resto de la administración pública no realiza. Algunos de los chicos que concurren son estudiantes universitarios y otros tienen un oficio.