El abogado Oscar Pedro Guillén calificó ayer como "una persecución política y judicial inadmisible" la decisión del juez de Garantías, Diego Rodríguez Pipino, de hacer lugar a una medida cautelar de embargo preventivo solicitada por la fiscalía.

"Este accionar de la Fiscalía y del juez (ambos recientemente designados) sienta otro grave precedente institucional para la provincia", aseveró. "Es evidente que quieren acallar las voces de los que piensan distinto, como ocurre con los opositores en Venezuela", agregó Guillén. Y observó que "no es casual que esto ocurra cuatro días después de las elecciones generales; es una de las tantas prácticas funestas del kirchnerismo, que afortunadamente los argentinos abandonaremos en poco tiempo". Mediante un escrito, Guillen salió al cruce de lo resuelto por el juez de Garantías de Cuarta Nominación, Diego Rodríguez Pipino, quien hizo lugar a la medida cautelar de embargo preventivo solicitada por la fiscalía en la causa "Romero, Juan Carlos por enriquecimiento ilícito de funcionario".

Según esa resolución, serán embargadas dos propiedades de Jucaro SA y Loma Balcón SA, donde Romero, según el documento, tiene participación societaria. "Esta aplicación de la ley penal tiene una velocidad muy distinta a los casos de la gente común que demanda justicia sin encontrarla hace años", disparó Guillén.