Héctor Méndez había sido encontrado culpable por un jurado popular.
La jueza de garantías María Gagliano condenó al ex policía Héctor David Méndez a la pena de prisión perpetua por asesinar a balazos al joven Matías Casas el 22 de julio de 2012, en el barrio Cuenca XV. Cuando ayer dio a conocer el fallo, familiares y allegados a familia se fundieron en un abrazo esperado ya hace dos años. “Por fin tenemos una respuesta de la Justicia. Matías se merecía esto”, dijo su padre César Casas. Y su madre, Liliana del Carmen, agregó: “Que sirva como antecedente para que nunca más otro policía mate a un chico. Hijo, te extrañamos”.
Valoraron el veredicto de los jurados populares que lo declararon culpable por unanimidad y agradecieron a los jueces que “fueron justos por segunda vez”, tendiendo en cuenta la condena previa a perpetua que recibió el ex policía Claudio Salas por el crimen del adolescente Braian Hernández. Ayer, su madre Elizabeth acompañó a la familia de Matías.
“Nuestra lucha llegó a buen puerto, se hizo Justicia por Matías y ahora falta que el gobierno provincial salga a decir que mi hijo no era un delincuente. Le exigimos que salga a dar la cara y diga que el delincuente era Méndez. Quedó probado”, añadió Casas, al reivindicar el nombre de la víctima.
La magistrada dará a conocer los fundamentos de su sentencia la próxima semana. Pero ayer anticipó que a Méndez lo condenaba por el delito de homicidio calificado por abusar de su función como miembro de la Policía, agravado también por el empleo de un arma de fuego.
Para la jueza, no considerar la calificación legal propuesta por la parte acusadora, sería modificar el veredicto de los jurados populares, porque en su momento fueron esos los agravantes que analizaron, como parte de las instrucciones que recibieron, para declarar culpable o no culpable al imputado.
“Las instrucciones fueron muy precisas y no es posible que el juez las varíe”, apuntó Gagliano. Luego, pasó a establecer la pena para Méndez: prisión perpetua. La condena coincide así con el planteo del fiscal Pablo Vignaroli y los abogados querellantes Ivana Dal Bianco y Mariano Pedrero. El defensor Carlos Ronda había solicitado el mínimo del delito.


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