El senador provincial Carlos Fernández presentó un Pedido de Informes en la Legislatura que exige precisiones sobre una resolución de la Secretaría de Turismo de la Provincia, que sirvió como fundamento para el veto realizado por el intendente de Pinamar, Rafael De Vito, sobre una ordenanza aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante de ese distrito. Los ediles exigieron la suspensión de la apertura de sobres de la licitación pública iniciada para renovar las concesiones de balnearios sobre todo el frente marítimo.

Así, durante sus casi primeros dos meses como senador, Fernández evita las apariciones públicas al lado de organizaciones sociales y la entrega y promesa de subsidios, como lo hacía Auza, y se aboca a la presentación de pedidos de informes y cuestiones políticas de la Quinta Sección, bonaerenses y nacionales. Es lógico, teniendo en cuenta su rol de opositor.

Cabe recordar que los cruces entre Auza y el ex jefe de Gabinete de Lunghi aparecieron por la consideración que cada uno de ellos hizo de los subsidios.

Cuando Fernández cuestionó la difusión de las acciones del por entonces senador, el ex rector de la Unicén respondió con dureza: "Cuando uno no hace publicidad de los actos para los cuales ha sido designado, algo está pasando por abajo de la mesa. El hecho de no publicitar significa que uno puede guardar. Mire, un consejo: Por más que esto venga aprendido de algún prócer de la política, aquel que no hace público el dinero que recibe y que debe depositarlo en alguna organización, es porque se lo guarda".

Las sospechas

de Fernández

El senador sostuvo que "las actuales concesiones vencen el 30 de abril del corriente año, lo que ha desatado una loca carrera contra el tiempo, que pareciera más destinada a terminar todo el proceso antes del recambio de autoridades que se dará en Pinamar, a partir de la convocatoria a elecciones de intendente por la destitución de Porreti, que a cumplir adecuadamente un proceso transparente destinado a la búsqueda de inversiones que garanticen el disfrute público de la ribera marítima y a la preservación ambiental de un recurso en un delicado equilibrio ambiental, como son las playas de la Costa Atlántica".

Fernández asegura que "la primera señal de alerta fue la votación acelerada del llamado a licitación horas antes del recambio legislativo del 10 de diciembre; la segunda señal es que a partir del voto unánime del Concejo Deliberante de Pinamar, que sanciona la Ordenanza 3779/09 el 22 de diciembre de 2009, donde solicita la suspensión de la apertura de los sobres prevista en el proceso licitatorio hasta que se expidan el Honorable Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, la Asesoría General de Gobierno y el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, el intendente De Vito veta la Ordenanza utilizando como fundamento una resolución de la Secretaría de Turismo, que adolece de fundamentos técnicos y que deja una enorme cantidad de dudas respecto a las decisiones adoptadas".

El ex jefe de Gabinete local afirma que "las acciones realizadas por algunos funcionarios públicos han generado serios cuestionamientos y sospechas respecto a beneficios personales por encima del interés público que deberían defender" y pidió que "la Provincia de Buenos Aires asuma plenamente el contralor que le corresponde y que no ha sido delegado por ninguna norma respecto a todo el proceso de concesión de la ribera marítima. En ese sentido resulta absolutamente insuficiente y plagado de irregularidades el comportamiento de la Secretaría de Turismo de la Provincia que sumado a la actitud del Departamento Ejecutivo de Pinamar evidencian poca voluntad de transparentar el proceso de concesión de la explotación de las playas por muchos años".

Y cerró duramente: "Terminemos de una vez la mixtura de negocios y política, que en vez de darse en un contexto de apoyo a la producción y a la prestación de servicios, como resultado de políticas públicas claras y transparentes, se dan en el roce del límite de la sospecha de mezcla de lo público con lo privado."