El Dr. Julio Hikkilo, uno de los letrados que realizó la presentación, explicó a 0223.com.ar que "en la reunión mantenida la Defensora del Pueblo, Dra. Beatriz Arza, la funcionaria manifestó que pedirá al Ejecutivo local un informe y solicitará además al intendente, que se actúe en este caso con un criterio de razonabilidad, equidad y justicia respecto a los demás contribuyentes".

En la denuncia presentada en la Defensoría del Pueblo, a la cual 0223.com.ar tuvo acceso, se remarca que "Supermercados Toledo SA no encuadra en las previsiones y requisitos previstos en la ley provincial 14.048 para que se le condone la deuda. Esta ley está destinada a mejorar la distribución del ingreso a los sectores más vulnerables y no para veneficiar a grandes comerciantes".

A su vez, se subraya que "Supermercados Toledo S.A. ya ha sido beneficiada durante 3 años con el pago de haberes de su personal mediante el Programa de Recuperación Productiva. Se le regaló la mitad del sueldo que pago a sus trabajadores. Pese a ello violó impunemente la reglamentación y el compromiso asumido despidiendo a trabajadores".

Además, se destaca que "la abultada deuda que mantiene Supermercados Toledo SA con el Municipio demuestra a las claras un comportamiento moroso durante muchos años y la falta de responsabilidad social de la empresa. Supermercados Toledo SA ha generado deudas y provocado su concurso preventivo, para beneficiarse con esta situación y no responder ante los trabajadores, acreedores y el Estado. La firma Toledo ha vendido varios de sus supermercados a fin de regularizar su situación patrimonial (Balcarce, Miramar, por ejemplo).Tiene dinero fresco".

A renglón seguido, se recalca que "la aprobación de esta ordenanza constituye una grave contradicción, ya que por falta de recursos este año se aumentaron las tasas municipales. Actualmente existen reclamos de sectores humildes y postergados de la ciudad que no se están ejecutando por falta de recursos municipales. E incluso se ha rechazado pedidos de condenación a personas de muy bajos recursos. Fundadas razones sociales, a la vista de toda la ciudad, obligan a la Municipalidad a cobrar la deuda que se pretende perdonar a una empresa que se ufana públicamente de las enormes ganancias que obtiene de las exportaciones de sus productos elaborados (chacinados, pollos, entre otros)".

En ese sentido, se advierte que la aprobación de la controvertida ordenanza "implicaría una burla, grave discriminación y falta de respeto a los comerciantes PyMES, vecinos, trabajadores y desocupados que, gravemente afectados por la crisis, la desocupación y la inflación, realizan día a día terribles esfuerzos y privaciones para abonar la tasa municipal y en muchos casos están siendo amenazados con juicios por imposibilidad de pago".

"Perdonar a un empresario y obligar el pago a los sectores más vulnerables y comprometidos de la ciudad además de representar una gran inmoralidad, constituiría una complicidad, traición y provocación al resto de la sociedad. Entendemos que se debe bregar por la conservación de los puestos de trabajo en la empresa, pero cobrando la deuda existente mediante un plan de pago justo y razonable", finaliza el texto.