A su vez solicitan a los diputados provinciales aprueben la modificación al art 3° de la ley 5110 para que se perciba el monto mínimo de jubilación con el descuento establecido por moratoria ($600) y el monto asignado por la ley 5110 de ($380), en concreto eliminar la incompatibilidad existente y permitir que coexista una pensión otorgada por la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110 y otros beneficios provinciales y/o nacionales, con un límite de no sobrepasar el monto a una pensión mínima provincial. De son ser así las cosas, los beneficiarios sólo reciben el haber correspondiente a la Nación y se profundiza aún más su condición de excluidos.

Los directivos de esta institución constituida mayoritariamente por pensionados graciables entiende que si sigue existiendo esta incompatibilidad en la Ley 5110, se va a seguir sacando los beneficios a mucha gente que hoy se encuentra con ingresos bajo la línea de pobreza, y de esa forma incrementando la indigencia que azota a nuestras comunidades.

A su vez interpretan que la política del Gobierno provincial es achicar la Caja, transfiriendo la responsabilidad sobre la suerte de estos pasivos a la administración nacional.

Un ejemplo claro a mencionar es que para el Ejecutivo santafesino, la cantidad de pensiones Ley 5.110 en enero de cada año debe ser de 30.000 por lo que cada período debería finalizar con la misma cifra. Esto significa que sólo se otorgan altas en función de las bajas existentes. Hoy, los beneficiarios de esta asignación ascienden a 24.000. En este punto vale aclarar que el número total de favorecidos disminuye por aquellos pensionados que se acogen a la jubilación adelantada que, al ser incompatible con el artículo 3º ya mencionado, automáticamente les da la baja.

Para el caso de la Asignación Universal por Hijo, todas las madres con niños a su cargo podrán percibirlo pero choca de frente con los artículos 5º y 6º. Por lo tanto, la Caja establecerá la baja de aquellas mujeres con más de tres hijos que percibirían $540, frente a los $380 correspondientes a la Ley 5.110.

Con respecto a los beneficiarios por discapacidad (50% del total de pensiones), la determinación del Gobierno de la provincia de Santa Fe es trasladar la responsabilidad a la Nación como pensión no contributiva con una retribución establecida de $700. Ese criterio será suficiente para eliminarlos del padrón de la Ley 5.110 aduciendo que poseen la prestación de la Obra Social del PROFE.

Lo que no se aclara es que para esto opera el descuento del 3% del haber pese a que el Gobierno Nacional aporta un porcentaje similar a la provincia para financiar ese servicio que, en muchos casos, no se presta.

Finalmente vale consignar que para la instalación de los casinos se estableció que el 70% del canon percibido por la provincia se destinaría a financiar la Ley 5.110. El primer aporte que se hizo por ese rubro fue de $10.000.000 pero, en vez de incrementar el monto de cada pensión o aumentar la cantidad de beneficiarios determinó reducir el presupuesto de la Caja de Pensiones. Para el año en curso se estima que la cantidad de dinero a entregar por el canon se multiplicará por nueve.

En resumen, desde la “Eulogio Gómez” entendemos que bajo estas condiciones, la Caja de Pensiones tiende a evaporarse. Al respecto se hace necesario recordar que la creación de este organismo le dio a la provincia el título de pionera en el otorgamiento de beneficios sociales y hoy, por erráticas determinaciones, se encamina hacia la desaparición.