La pelea por la Junta Electoral local se instala en el Congreso

La diputada Castaldo planteó su preocupación y Dato le replicó que presiona a los jueces. El radicalismo expuso la incertidumbre que genera el fallo contra la JEP. El peronismo sostiene que sí funcionan las instituciones.
El radicalismo se propone nacionalizar la polémica respecto de la integración -con predominio del poder político- de la Junta Electoral Provincial (JEP). Esta vez, la diputada Norah Castaldo logró que referentes opositores de la Cámara Baja, como Ricardo Gil Laavedra, acompañen un proyecto de declaración en el que se pone de manifiesto la preocupación por la incertidumbre institucional que generó el fallo contra la JEP.

"Esta decisión judicial, recurrida ante la Corte Suprema de Justicia por el Ejecutivo, afecta en forma directa la legitimidad de la Junta Electoral, poniendo en duda la validez de sus actos por falta de transparencia y objetividad en la dirección de los procesos electorales", advirtió la parlamentaria nacional.

El fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró nulo e inconstitucional el artículo 43 (inciso 14) de la Constitución provincial, que determina que el órgano fiscalizador de elecciones estará integrado por el vicegobernador, por el fiscal de Estado (en lugar del ministro fiscal de la Corte) y por el presidente de la Corte. Esto, en el marco de una causa iniciada por el Movimiento Popular Tres Banderas (MP3).

Precisamente, Castaldo emuló la acción del radicalismo en el Senado. Hace un mes, el candidato a gobernador José Cano había presentado un proyecto de comunicación con el mismo tenor, al que adhirieron sus pares. Ahora, Castaldo sostiene que en Tucumán se vulneran las garantías del debido proceso electoral, "al no asegurarse el imparcial desempeño de los integrantes de la JEP frente a un proceso de elección de autoridades".

Apenas presentó la iniciativa, el alperovichismo en el Congreso salió a retrucar al radicalismo. A criterio del diputado Alfredo Carlos Dato, la UCR busca presionar a la Corte. "Es una forma de presionar a los jueces que tienen a conocimiento una cuestión en la que aún no hay sentencia firme. La declaración de inconstitucionalidad de la reforma de 2006 es de suma gravedad, por lo que es razonable e indispensable que se escuche a la Corte", advirtió. Luego, criticó a sus pares de la UCR. "Esto no hace sino interferir en el libre juego de las instituciones, que en Tucumán funciona perfectamente", sostuvo el ex presidente de la Corte Suprema tucumana.

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