El funcionario aseveró: “En Resistencia se los libera a las 24 horas” e indicó que la principal causa es la relación entre algunos jueces y estos estafadores. Además exhortó a los magistrados a juzgar los casos no como contravenciones ya que el juego ilegal en la provincia puede considerarse como asociación ilícita "y sobran las pruebas", sentenció.

Tras la pronta liberación con la que habría sido beneficiado Angel Abel Funes, alias “Coco”, considerado por la policía como el “mayor banquero” que opera con la quiniela clandestina en el Chaco, el ministro de Gobierno Juan Manuel Pedrini no dudó en lanzar críticas a “un sector de la Justicia” que “por amistad y trato frecuente” se inhibe de actuar en estos hechos o favorecen a los detenidos otorgándoles la libertad en cuestión de horas.

“En Resistencia se los libera a las 24 horas”, aseguró el funcionario provincial indicando que una situación complicada se da con algunos magistrados del interior provincial que hasta se niegan a autorizar los allanamientos. “En esta lucha contra el juego ilegal, el Poder Ejecutivo, la Policía y Lotería Chaqueña, estamos solos”, sentenció en referencia a la inacción judicial tantas otras veces denunciada por diferentes actores.

Pedrini destacó que en estos procedimientos se invierte tiempo y personal mientras que “la Justicia no investiga ni sanciona”. “No se conocen investigaciones judiciales al respecto de estos hechos porque no existen. Los fiscales tendrían que investigar pero nunca lo hicieron. Entonces el mensaje subyacente es que estos señores sigan con estas maniobras porque si liberan al presunto mayor banquero, no hay problema”, expresó.

COMPINCHISMO

Ante la consulta sobre las razones por las cuales ciertos jueces no ponen “mano dura” sobre los estafadores, Pedrini dijo que las “especulaciones son varias”. “Hay jueces que se inhiben de actuar por amistad y trato frecuente con banqueros clandestinos, según lo que ellos mismos dicen”, aseguró el ministro. “Claro está que la Justicia decidió no acompañar esta lucha porque si tuvieran la intención, en vez de juzgar a estos hechos como una contravención podrían empezar a hacerlo como asociación ilícita con todas las pruebas que hay”, sentenció.