Un grupo de dirigentes y víctimas de la sangrienta represión sobre obreros y sindicalistas de la UOM de Villa Constitución en 1975, en el marco de los hechos popularmente conocidos como el...
Victorio Dante Paulón, Zenón Sánchez, Agustín Reynaldo Luna, Cástulo Bogado, Miguel Alberto Simonovich, Luis Orlando Aliendro, Juan Actis y Roberto Justo Martínez, presentarán este viernes a las 9.30, en la sede judicial de bulevar Oroño 940, la denuncia para que se abra una investigación de la represión que dejó un saldo de numerosos trabajadores asesinados y más de 300 presos políticos.
La abogada Gabriela Durruty indicó que los denunciantes estarán patrocinados por el equipo jurídico de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y la Asociación de ex Presos Políticos "Héroes de Trelew".
"El Villazo se erige verdaderamente como la última lucha clasista de nuestra historia reciente, cuyas consecuencias llegan hasta el presente", enfatizaron los firmantes de su denuncia.
El 25 de noviembre de 1974, la Lista Marrón de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), con Alberto Piccinini a la cabeza, ganó en Villa Constitución con el 64 por ciento de los votos, venciendo a la llamada "burocracia sindical" liderada en ese entonces por Lorenzo Miguel. Pero esta primavera sindical duraría sólo cuatro meses.
El ministro del Interior de Isabel Perón, Alberto Rocamora, denunció un "complot subversivo destinado a paralizar el cordón industrial del Paraná". De inmediato, y aplicando la ley de ese gobierno constitucional que ordenaba "aniquilar la subversión", se produjo una "invasión armada a la ciudad de Villa Constitución para mandar a la cárcel a cuanto directivo, comisión interna o delegado de base cayera en la redada", enfatizaron las víctimas, que remarcaron que "lo de Villa fue un ensayo de lo que sobrevendría un año después a escala nacional" tras el golpe de Estado de 1976.
La madrugada del 20 de marzo de 1975, una columna de un kilómetro y medio de automóviles y camiones invadió Villa Constitución, incluyendo 105 Ford Falcon, relataron los testigos. El llamado Operativo Serpiente Roja incluyó fuerzas conjuntas que incluían a la Policía Federal, Provincial, Ejército y Gendarmería, además de grupos de choque de la derecha sindical, mercenarios presuntamente pagados por José Alfredo Martínez de Hoz (entonces titular de Acindar) y miembros de la Triple A. Según las denuncias, en los dormitorios de solteros de Acindar se montó el primer centro clandestino de detención, en un adelanto de lo que haría luego la dictadura militar.
El operativo, que también tuvo coletazos en otras ciudades como San Nicolás y el Cordón Industrial de Rosario, fue resistido por los obreros con una huelga general de casi 60 días y tomas de fábricas reclamando la liberación de los detenidos. Sin embargo, el gobierno de Isabel Perón y José López Rega no cedió, logrando imponer un operativo sobre el que el ministro Rocamora dijo que sirvió para desarticular el "complot rojo contra la industria pesada del país".
Quienes ahora piden investigar esos hechos plantearon que hubo "más de 30 compañeros asesinados entre 1975 y 1976: la mitad por la Triple A y el resto por la dictadura militar. La única diferencia para sus deudos fue el derecho a sepultar los despojos mortales en la etapa democrática. Más de 300 trabajadores entre el 20 de marzo de 1975 y el 24 de marzo de 1976 conocieron las cárceles argentinas con distintos períodos de duración: algunos estuvieron presos semanas, otros meses y otros durante años. Otros padecieron el exilio aún después de ser liberados. Más de mil metalúrgicos perdieron el empleo al finalizar la huelga y decenas de ellos debieron abandonar la ciudad amenazados por comandos de la Triple A", resumieron.
También invitaron a la ciudadanía a "sumarse a esta presentación" judicial de mañana a las 9.30 en Tribunales en busca de "memoria, justicia y verdad".
Condenaron a un ex policía
El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó ayer a 12 años de prisión al ex policía Juan Domingo Ayala, por el asesinato de seis presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba, simulando un enfrentamiento, en 1976. La Fiscalía había solicitado la pena de prisión perpetua por considerarlo coautor del crimen, pero el Tribunal resolvió condenarlo sólo a 12 años como "partícipe secundario" en los crímenes cometidos.
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