El proyecto de la Unión Cívica Radical viene en sintonía con el reclamo que cobró vigencia tras el corte de suministro de agua potable registrado el 10 de febrero, que inicialmente fue anunciado por 48 horas, pero que se extendió a lo largo de cinco días. Si bien suman más de una docena los cortes de suministro programados en este primer bimestre de 2014 para recomponer reservas -sin contabilizar los restantes siete cortes realizados en el mes de diciembre-, el de la semana del 10 al 15 de febrero fue el más problemático dada su extensión sin los debidos preanuncios a la población general.

Martínez consignó además que debe tenerse en cuenta que algunos sectores de Comodoro padecen una realidad diferente a la de los cortes que la cooperativa informa, ya que si bien estos a veces se programan por 24 horas, hay barrios donde los procesos de reabastecimiento pueden demandar hasta 48 ó 72 horas.

“Lamentablemente, a pesar de que está declarada la emergencia hídrica y de agua potable, no hemos visto el diálogo que se necesitaba por parte del Poder Ejecutivo municipal para con la prestadora intimándola a que se resuelvan estas cuestiones con la antelación necesaria, con lo cual nuestro bloque presentará este proyecto solicitando el descuento”, fundamentó el concejal.

Martínez indicó que como contracara a esta situación, cuando se produjeron los incrementos en el costo del servicio no se hizo la consulta al cuerpo deliberativo dada la vigencia del pass trought (fórmula de actualización tarifaria automática).

Bajo esos parámetros, agregó que se intentará generar desde el Concejo un comité de emergencia hídrica de la cuenca, conteniendo en el mismo a las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia, ya que el tema amerita que las fuerzas vivas de las ciudades se reúnan para debatir cual será el futuro respecto del agua.

“Es factor de desarrollo de nuestras comunidades y también emblemático porque desde los hitos fundacionales es una deuda pendiente y un problema a poner en la agenda publica para encontrarle una solución definitiva”, subrayó.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

La Ley Nacional de Defensa del Consumidor contiene apartados específicos destinados a las empresas dedicadas a los servicios públicos, y en tal sentido determina en su artículo 26 la reglamentación en pos de la “Reciprocidad en el trato”. Establece que las empresas prestadoras de servicios públicos deberán aplicar para los reintegros o devoluciones los mismos criterios que establezcan para los cargos por mora.

Además, la misma ley dedica un artículo a la interrupción de la prestación del servicio, en el que se señala que cuando esta se produzca, será presumible que obedece a causa imputable a la empresa prestadora. De no demostrar lo contrario, la empresa “deberá reintegrar el importe total del servicio no prestado” o deducido de la factura correspondiente.

Siempre en el correlato legal señalado, la normativa determina que en caso de obrar reclamo y que este fuera resuelto a favor del usuario, y cuando este hubiera abonado un importe mayor al que finalmente se determine, “el prestador deberá reintegrarle la diferencia correspondiente con más los mismos intereses que el prestador cobra por mora, calculados desde la fecha de pago hasta la efectiva devolución, e indemnizará al usuario con un crédito equivalente al 25% del importe cobrado o reclamado indebidamente. La devolución y/o indemnización se hará efectiva en la factura inmediata siguiente”.