El intachable funcionario, que trabaja hace 23 años en Tribunales, fue puesto en la mira de la Casa de Gobierno, luego de haber expedido el certificado legal donde constaba que no existía ninguna denuncia ni actuación penal contra el director de CONTEXTO, Tomás Luciani, quien fue víctima de una gravísima campaña de difamación orquestada por el oficialismo.

Desde el alperovichismo, habrían pedido a la Corte Suprema que el funcionario sea castigado.

Aparentemente, pretendían que esta persona violara la ley, y dejara a Luciani sin el certificado que le permitiera defender su buen nombre y contrarrestar la burda difamación.

Por ahora, solo queda esperar que los miembros de la Corte Suprema actúen como jueces probos, y no se plieguen a las tropelías de la Casa de Gobierno contra personas honestas.

De otro modo, los ciudadanos quedaríamos sin garantías, totalmente desprotegidos, sujetos al arbitrio de los poderosos, como en la Venezuela de Nicolás Maduro.

La sociedad confirmaría que la división de poderes no existe, y que la Justicia es apenas una fachada para encubrir los delitos y los caprichos de los dueños de Tucumán.