Lo dijo el presidente de la Comisión de Obras Públicas del Concejo. Hubo una discusión en sesión por los dichos del asesor letrado.
La expectativa mediática por conocer cómo iba actuar el cuerpo legislativo tras la decisión municipal de anularle la adjudicación a Ceres SRL y tomar el control del último tramo de los trabajos estuvo centrada adentro y afuera del recinto, donde ayer se realizó la habitual sesión de los jueves. En la sala hubo un show protagonizado por el kirchnerista Raúl Laborda y el poncista Néstor Menéndez. En el patio, una serie de entrevistas a ediles oficialistas y opositores que reemplazaron la conferencia de prensa anunciada por el bloque mayoritario, Compromiso Federal.
Allí Zavala deslizó que la Comuna debería haber rescindido hace dos meses, cuando la firma cordobesa no cumplió con la proyección de los trabajos semanales que había acordado el 19 de abril con funcionarios municipales. "En ese acta-acuerdo, la empresa se comprometió a hacer tareas hasta el 29 de mayo que no se hicieron y al final del acta decía que la Municipalidad podía accionar judicialmente en contra de la empresa en caso de incumplimiento", dijo y agregó: "Como esto no se hizo, el Municipio está incumpliendo todo lo que se firmó".
Zavala recordó que el 11 de junio, el secretario de Planeamiento Urbano, Enrique Picco; el director de Proyectos Urbano-Arquitectónicos, Sergio Calderón; y el inspector de la obra, Sergio Puebla, reconocieron ante los concejales que Ceres SRL no era la adecuada para ejecutar la obra (que también incluyó la remodelación del Paseo del Padre) y por esa desconfianza tuvieron que autorizar la subcontratación.
Según Zavala, hay más de diez incumplimientos, uno de ellos por partida doble. "La famosa camioneta que debería haber recibido el Municipio al comienzo de los trabajos. Y la pasividad de los funcionarios que no obligaron a la empresa a entregar lo comprometido en el pliego", detalló.
Las declaraciones de Bazla. Las declaraciones del asesor letrado del Municipio, Martín André Bazla, que ayer publicó El Diario generaron una discusión en la sesión. El abogado villamercedino dejó en claro que el Ejecutivo no piensa demandar a la compañía y el guante lo recogió Laborda, quien pidió el apartamiento del reglamento (porque el tema no estaba en el orden del día) y el tratamiento sobre tablas para citar al funcionario a que confirme o desmienta sus dichos. "Si hubo una rescisión es porque algo no cumplió la empresa. No hay que ser especialista para darse cuenta que hay que iniciarle una demanda. Es obligación de los funcionarios públicos comenzar un juicio", sentenció el concejal K, que ahora quiere ser diputado provincial, pero por el radicalismo.
Al poncista Menéndez no le quedó otra que reconocer públicamente que este matutino "lamentablemente marca la agenda del día". Y si bien no se animó a defender a Bazla, adelantó que en la Comuna deben pensar muy bien antes de entrar en un litigio y que en esa decisión va a pesar "la historia de los juicios" que, según el concejal, no ha sido favorable y elevaron la deuda de la ciudad a 18 millones de pesos.
Laborda salió al cruce del profesor de Historia. "No se puede decidir si se demanda por los pronósticos de lo que puede resultar un juicio", disparó y justificó su pedido de invitar a Bazla al recinto por "la gravedad de las declaraciones" y porque "no es un ayuda económica sino el Fiscal de Estado municipal".
"Esto es muy serio y grave. No se tiene que citar a un funcionario para que diga si dijo o no algo sino a los que deben dar explicaciones", cerró así Zavala el pedido inicial que no prosperó y pasó a comisión. Ya en el patio, el concejal criticó al asesor letrado. "Desconoce totalmente la obra, es desgraciadamente el abogado de la Municipalidad, desconoce las cosas que han firmado colegas que están trabajando con él y no conoce el pliego. Si no se recurre a la Justicia estarán permitiendo una estafa que se le ha hecho al pueblo", enfatizó.
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