El fiscal federal de San Martín Jorge Sica le pidió al juez federal subrogante de ese distrito Juan Manuel Yalj que eleve a juicio oral la causa en la que Patti, Riveros y Bignone, junto a Eduardo Espósito, están imputados por los crímenes de cinco militantes peronistas: el ex diputado Diego Muniz Barreto, Gastón Gonçalves, Carlos Souto, Juan José Fernández y Guillermo D’Amico, ocurridos entre marzo de 1976 y febrero de 1977.

Muniz Barreto fue secuestrado junto a su secretario, Juan José Fernández, en Ramallo y trasladados a la Unidad Regional de Tigre, para luego quedar alojados en el centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo.

El ex diputado, que integró el bloque de legisladores de Montoneros en 1973, apareció muerto el 6 de marzo de 1977 en la localidad entrerriana de Raíces Oeste dentro de su auto, un Fiat 128. Fernández logró sobrevivir y dar testimonio de los hechos, antes de exiliarse en España, donde falleció.

Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 y pasó por la comisaría de Escobar —donde Patti se desempeñaba en ese tiempo como oficial subinspector— donde fue torturado. En tanto, Souto fue secuestrado en agosto de 1976 en la localidad de Garín. Gonçalves, Souto y D’Amico se encuentran desaparecidos.

Patti está detenido en la cárcel federal de Marcos Paz desde abril del año pasado, cuando la Cámara de Diputados le quitó los fueros para que pudiera ser investigado por los delitos de lesa humanidad que se le imputan.

Por su parte, Riveros goza de prisión domiciliaria, mientras que Bignone fue el último presidente de la dictadura militar. Espósito era el jefe del área 410 del Cuarto Cuerpo de Ejército. l

Arquitectura

Mañana, a las 11.30, en la Facultad de Arquitectura de la UNR, Beruti 220 bis (La Siberia), se presentará el número 20 de la revista Arquitectura y Planeamiento (A&P), dedicada a los derechos humanos.