Una recomendación para todo automovilista que recorra el territorio de Córdoba: si ve un patrullero policial haga todo lo posible para salir de su camino. Aléjese sin prisa pero sin pausa. Porque ese móvil que se usa para resguardar el orden y la legalidad circula sin la póliza obligatoria establecida por ley, ya que la Provincia decidió reemplazarla por un “autoseguro” que, según la autoridad nacional de aplicación, no está reconocido ni homologado oficialmente.

Si choca, podrá verse obligado a peregrinar por oficinas gubernamentales para tratar de que le paguen las roturas. Ese es el calvario que tiene que vivir actualmente un remisero de Córdoba capital. El 29 de julio, Carlos Brito sufrió un día desastroso por partida doble. Tuvo la desgracia de chocar el auto que es su herramienta de trabajo y único sostén de su familia. Pero, además, el otro protagonista del accidente fue un patrullero de la Policía. Hasta hoy, al chofer no ha recibido un peso y tuvo que presentar una demanda judicial para tratar de que le cubran los 44 mil pesos que cuesta el arreglo de su auto.

Ricardo Fonseca, legislador del Frente Cívico y vicepresidente segundo de la Legislatura, señaló que el gobierno de José Manuel de la Sota contrató a la empresa Provincia Seguros hasta mayo de 2012 pero que, desde entonces, creó un sistema de “autoseguro” que está reflejado en la partida de Seguro de Vida e Incapacidad y Resguardo del Automotor, que tiene un presupuesto de 143,5 millones de pesos. De ese total, hasta mediados de año sólo se habían pagado 22,1 millones.

La existencia del sistema de “autoseguro” fue admitida por el propio gobierno provincial. Ante una consulta de este diario, la respuesta que llegó desde la Casa de Gobierno es que no hay ninguna aseguradora más solvente que el propio Estado y que, por lo tanto, si hay un accidente es la Provincia la que cubre los gastos.

Los problemas de esta contestación son dos: por un lado, si está admitido o no el autoseguro que inventó la Provincia y, por otro lado, qué pasa con quien se accidenta. Fonseca declaró que si un ciudadano choca contra un móvil policial, va a estar obligado a iniciar una demanda judicial y a esperar el pago durante años.

La agente penitenciaria Adriana Rearte, quien dirige el Sindicato de Policías y Penitenciarios de Córdoba (aún no reconocido oficialmente pero con un fallo judicial a favor), confirmó que la policía no tiene ni seguro ni ART. “El seguro que teóricamente cubre a los móviles no está reconocido por la Superintendencia. Lo más grave es que si sufre un choque, el policía tiene que terminar arreglando el móvil con su sueldo. Tenemos compañeros que han tenido que sacar préstamos personales para arreglar el auto. No solamente te perjudican con un sumario administrativo sino también monetariamente porque tenés que pagar el móvil”, dijo Rearte.

- ¿Y qué le pasa al ciudadano que sufre un accidente contra un patrullero?, se le preguntó.

- Y... Si le hacés juicio a la Provincia, tal vez dentro de 10 o 15 años le cobrés algo. Si no, demandá al policía.

Córdoba no adhirió a la ley nacional de tránsito; en cambio, aprobó su propia normativa, la 9.169. En dos artículos, el 40 y el 106, está detallada la obligación de circular con el comprobante de seguro obligatorio, que tendrá que contratarse con una “entidad autorizada para operar en el ramo”.

Cuando dos conductores chocan, lo primero que hacen es intercambiar los números de sus pólizas. En el caso del remisero Brito, jamás logró que los policías con los que chocó le detallaran esa información. Incluso hoy, los datos no aparecen.

Sencillamente porque no existen. Hernán Perazzone es el abogado de Brito. “Lo que la Provincia dice es que cubre los siniestros a través de un fondo y también de Asecor, que es una empresa del propio Estado. Pero cuando nosotros pedimos un informe nos dijeron que ese fondo y la compañía Asecor no cumplirían con los requisitos para ser considerados estrictamente un seguro. Otro problema es que ese fondo provincial no cubre todas las contingencias de un seguro; por ejemplo, sólo arregla las roturas de los autos. Pero no paga lucro cesante ni gastos médicos. En todo caso, la Provincia estaría incumpliendo con la ley de tránsito que obliga a todo el mundo a circular con seguro”, indicó el letrado.

Perazzone agregó que la única propuesta que obtuvieron del gobierno fue que firmaran un formulario para recibir una respuesta a los 120 días hábiles. “Mi cliente vive del remís. Ese fondo dilata los tiempos. Cuando nosotros denunciamos nuestro caso, aparecieron taxistas que tuvieron siniestros con autos del gobierno cordobés y hace más de un año que están esperando”, declaró.

“Ellos no tienen póliza, directamente. Con el agravante de que, en el caso de mi cliente, los funcionarios policiales que llegaron al lugar del accidente se dedicaron a asistir al patrullero y no a Brito, que había quedado lesionado a 188 metros del auto”, manifestó.

¿Está contemplado que los autos del Estado puedan circular sin seguro y que lo reemplacen por un fondo propio? Cristian García es el titular de la Superintendencia de Seguros en Córdoba. Ese organismo nacional es el que interviene cuando hay conflictos entre aseguradoras y damnificados.

García dijo que están recopilando datos con respecto al caso Córdoba. “Hay un inconveniente. Nosotros intervenimos cuando hay un seguro, una póliza. Pero, hasta ahora, en la situación específica de Brito, no ha aparecido ni siquiera un número de póliza ni ningún tipo de información por el estilo. Como no hay seguro, no tenemos un caso en el que actuar, ni para emitir opinión ni nada”, señaló el funcionario nacional.

- ¿Pero se puede sustituir un seguro contratado en el mercado por un autoseguro propio?

- Eso es como si un día decidieras que no vas a pagar más el seguro y ponés la plata en una latita. Por ahí salís a la calle y no te controlan nunca. Tenés que saber que estás incumpliendo con la ley de tránsito. Hay mucha confusión con esta situación. Y me parece que el gobierno tampoco se está preocupando mucho por aclararlo.

El titular de la Superintendencia manifestó además que el autoseguro del Estado cordobés deja indefensos a los damnificados porque impide que el organismo nacional intervenga. “No podemos actuar porque no hay un seguro de por medio. Nosotros estamos para defender al más débil pero cuando existe una póliza. En todo caso, el damnificado tendrá que iniciar un camino contencioso administrativo. Lo empuja a ir a la Justicia, con lo cual los tiempos de cobro y espera son mucho mayores. Hoy, un juicio te puede llevar años y años porque los abogados del Estado están obligados a llegar hasta las últimas instancias”, dijo García.

Cada cordobés sabe que si en la ruta lo detienen en un control de la Policía Caminera, tendrá que aportar, entre otra documentación, la tarjeta que certifica que su auto está asegurado. Si, sólo por curiosidad, el conductor le pidiera la misma información a los agentes que tienen el patrullero esperando en la banquina, seguramente se encontrará con el silencio. O con una respuesta menos diplomática. El Estado puede darse lujos que están vedados para el ciudadano común.

“La excusa es lograr un ahorro”

Ricardo Fonseca, legislador del Frente Cívico, señaló que la Provincia dejó de contratar un seguro para los autos del Estado en mayo de 2012. “Hasta ese momento tenían Provincia ART. Pero desde entonces decidieron ahorrar 6.630.000 pesos por mes y crearon un fondo compensador para eventualidades”, declaró el legislador.

El nuevo sistema se refleja en dos partidas: Seguro de Vida e Incapacidad y Resguardo del Automotor tiene un presupuesto de 143,5 millones de pesos para 2013 y hasta el 31 de julio se pagó una cifra de 22,1 millones de pesos. Además, está la partida de Servicios No Personales por otros 56,1 millones de pesos, que cubre eventualidades y siniestros.

Lo que le permite el autoseguro a la Provincia es retrasar los posibles pagos y lograr oxígeno. El que sufre es el damnificado.

“La Policía nunca aportó información”

Cristian García, titular de la Superintendencia de Seguros en Córdoba, manifestó que si se comprueba fehacientemente que la Provincia no cumple con la ley de tránsito, se generará una discusión legal. “Todo funcionario público que detecta un hecho irregular tiene la obligación de hacer la denuncia”, señaló el funcionario nacional.

García declaró que la falta de una póliza de seguro complica la participación de la Superintendencia. Con respecto al caso puntual del remisero Carlos Brito, quien tuvo que ir a juicio después de chocar con un patrullero, dijo que no se puede saber qué cláusulas se cumplieron y cuáles no porque no existe contrato de ningún tipo. “La Policía nunca aportó información y está todo en una situación indefinida. No tenemos nada ni de los conductores ni de los vehículos del Estado”, manifestó.

“Te pagan lo que ellos quieren”

Adriana Rearte está peleando desde hace años para que su Sindicato de Policías y Penitenciarios sea reconocido oficialmente.

Ella, que es agente penitenciaria, detalla que no sólo los conductores que chocan con autos policiales sufren un calvario sino que también los agentes tienen que padecer esa situación. Manifestó que hay policías que han sido despedidos o pasados a pasiva por negarse a pagar los arreglos de los autos rotos en accidentes. “Para la gente común que sufre un choque contra un auto del Estado es una situación tremenda. Porque no sólo no tiene seguro ni ART ante quien reclamar sino porque, además, puede estar 10 años para cobrar y si presentó un presupuesto de, por ejemplo 20 mil pesos, esa es la cifra que le van a querer pagar aunque haya inflación. Pagan lo que se les ocurre”, dijo.

“En la ley ese fondo no existe”

“Cuando uno choca, lo que se hace normalmente es intercambiar la información de los seguros. La ley de tránsito dice que tenés que tener el comprobante de la póliza. Acá no pasó nada de eso. Si querés cobrarle a la Provincia, andá y demandá. Uno se ve indefenso ante eso. La Provincia ha creado ese fondo, pero cuando vas y leés la ley, específicamente no está esa posibilidad”. Hernán Perazzone es el abogado de Carlos Brito, el remisero que en las últimas semanas se encadenó en la Casa de Gobierno de Córdoba para reclamar que la Provincia le pague los 44 mil pesos que le cuesta reparar su remís.

“El gobierno dilata los tiempos con el fondo que creó en reemplazo del seguro. Tienen un presupuesto de 50 millones pero hasta junio sólo usaron 700 mil. Obviamente, no están pagando mucho que digamos”, detalló.