Consecuencia del precipitado anuncio que hizo días atrás el intendente Ramón Mestre, ayer se puso en marcha con algunas irregularidades el nuevo esquema de servicio de transporte que prestarán temporalmente dos empresas privadas. Ersa Urbano y Autobuses Santa Fe se hicieron cargo de los corredores Verde y Rojo de la Tamse luego de que, a través de una UTE, rubricarán un contrato precario hasta marzo del año próximo cuando arranque el sistema de transporte definitivo para la ciudad de Córdoba. El adelantamiento de la concesión fue una decisión política que alteró el cronograma de la licitación que aún sigue en marcha, y a la luz de la mala elección de la UCR en las Paso. Bajo la buena noticia de la incorporación de 200 nuevas unidades a los recorridos que cubría la estatal, desde la Municipalidad se pretenden disimular algunos aspectos que dieron cuenta de la desprolijidad con que se manejó el desembarco de las dos nuevas prestatarias al esquema local del transporte. En primer lugar, el predio que las empresas adquirieron en avenida de Circunvalación aún no está listo, por lo que una parte de los trabajadores sigue desempeñándose en barrio Mosconi donde funciona la sede de Tamse. Por otro lado, muchas de las unidades que salieron ayer a las calles no cuentan con el debido patentamiento y circulan con un permiso provisorio. Pero, además, ninguno de los 200 ómnibus están adaptados para transportar a los usuarios con problemas motrices; una clara violación a la normativa vigente a pesar de los distintos argumentos que se ensayaron desde el oficialismo durante toda la jornada de ayer.

Y el otro dato que no es menor, fue el que proporcionó ayer el propio secretario de Transporte Juan Pablo Díaz Cardeilhac, cuando en declaraciones a la prensa habló del “subsidio” de ocho millones de pesos que percibirán las empresas privadas. Es que, ajustándose a lo establecido por ordenanza, el Ejecutivo ya no puede destinar fondos a las prestatarias sin contar con la aprobación previa del Concejo Deliberante, así lo establece la norma 10.023 en su artículo 16. “Desde marzo no habrá que subsidiar más a estas empresas una vez que se concesione definitivamente el servicio de transporte”, dijo el funcionario municipal ayer.

Rampas sí, rampas no

Luego del escándalo en el que derivó el acto de presentación de las 200 nuevas unidades realizado el sábado pasado, donde se lo vio al intendente rodeado de patovicas que impidieron el acercamiento de una joven en silla de ruedas, desde la Municipalidad aseguraron que la obligación de las rampas comienza a regir en 2014 una vez licitado el servicio. Sin embargo, la crítica de las organizaciones que bregan por los derechos de las personas discapacitadas recayó en que la normativa actual ya lo exige.

La Ordenanza 11.847 que data de octubre de 2010 establece que “todas las unidades del servicio público de transporte colectivo que adquieran las empresas concesionarias dedicadas a prestar dicho servicio en el ejido municipal, sean sociedades del Estado, privadas o de economía mixta, deben estar especialmente adaptadas y equipadas con rampas, para el transporte de personas con movilidad reducida, con el correspondiente espacio y elementos de sujeción de la silla de ruedas al piso del vehículo”. Esa legislación es la que rige hasta que comiencen las nuevas concesiones tras la licitación del sistema. Es que el nuevo Marco Regulatorio (Ordenanza 12.076) en su artículo 32 obliga a las concesionarias a “asegurar el 70 por ciento en cada línea, con unidades especialmente adaptadas”, mientras que “el 30 por ciento restante será incorporado en el sistema en el término de 24 meses”.