La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que desestimó por “inadmisible” el recurso extraordinario presentado por el fiscal de Estado de la Provincia, en la causa de la Acción de Inconstitucionalidad de la ley de pase a planta, llevó en forma inmediata al bloque de legisladores de la Alianza a impulsar una propuesta para crear una comisión que pueda seguir de cerca la incorporación de esas personas, iniciativa que tuvo su sanción legislativa, pero que ahora el gobierno vetó. Para que se pueda conformar la oposición deberá conseguir los dos tercios de los votos. Cabe destacar que la comisión pretendía ejercer un control del proceso de instrumentación de la 6028, crear un registro de beneficiarios y contar con una base de datos, además se solicitaba a los ministerios, empresas del Estado, entes descentralizados y autárquicos que remitan un listado de contratados 2007, 2008, 2009 y 2010 a fin de tener mayor precisión en la determinación de los casos respecto de los que se deberá proceder conforme las leyes posteriores de pase a planta. A pesar de este veto, en la Legislatura está funcionando una comisión que analiza estos casos, pero en ella no están incorporados representantes sindicales como lo estaban en la nueva propuesta. Otro veto Este no es el único veto del gobierno, ya que juntamente con el fin a la comisión de seguimiento de la ley 6028, también ingresó a la Legislatura el veto total a la propuesta del bloque Libres del Sur que creaba una oficina de atención, asesoramiento y seguimiento de situaciones de violencia contra la mujer. La iniciativa fue sancionada con el respaldo de la totalidad de los bloques políticos; sin embargo, el Ejecutivo puso objeciones. Además se debe resaltar que se presentaron nuevas iniciativas al respecto que están en estudio en la Cámara de Diputados, Durante el debate para sancionar, Carlos Martínez (autor de la propuesta) señaló la importancia que tendría una oficina que englobe el fenómeno de la violencia de la cual es víctima la mujer y que esa dependencia se debía convertir en una herramienta que asistirá y asesorará cada caso particular. “Es obligatorio avanzar hacia una política pública que subraye el deber de diligencia que tiene el Estado de proteger a las mujeres contra la violencia. La sinergia negativa entre la debilidad institucional y la cultura patriarcal favorece y provoca situaciones de impunidad que vienen además a fundamentar las causas y las consecuencias de la falta de poder de las mujeres, las niñas y las adolescentes”.