La consideran una forma de evitar la muerte de mujeres que interrumpen su embarazo de forma clandestina. En el Chaco no hay estadísticas al respecto, pero aseguran que el número es alto, sobre todo en los sectores más humildes.
Ayer era el día señalado para que se trate, después de mucho tiempo, en la Comisión de Legislación Penal del Senado de la Nación el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, lo que por falta de quórum no ocurrió. En el Chaco se expresaron a favor del proyecto el Partido Obrero (PO) y Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala).
Rocío Gómez -de la organización de mujeres del PO- explicó que apoyan la iniciativa legislativa porque sería una forma de poner fin a los abortos clandestinos que se llevan cientos de vidas de mujeres. Destacó que sobre todo, quienes lo sufren, son trabajadores de las clases sociales más bajas, ya que no tiene la posibilidad de acceder a sitios con condiciones de sanidad necesaria.
«El aborto es un negocio millonario», aseguró y explicó que mujeres de poder social adquisitivo alto también deben pasar por esta situación, pero concurren a clínicas privadas donde -aunque también clandestinamente- se realizan estas prácticas con mejores condiciones.
Gómez remarcó que en la provincia no existen cifras certeras de la cantidad de abortos que se realizan o de las mujeres que sufren las consecuencias de hacerlo en condiciones no adecuadas, ya que es un tema oculto. Explicó que sólo se conocen algunos casos en los que las mujeres son derivadas a los hospitales porque el aborto se complicó.
Además la militante del PO explicó que, ligado al proyecto de aborto legal, piden que se separe al Estado de la Iglesia y la aplicación de la Ley de Educación Sexual, «la cual debe ser laica», dijo. Detalló que de lo contrario, con la intromisión de la Iglesia -sobre todo católica- en estas cuestiones, se generan muchos estereotipos y prejuicios que interfieren en el desarrollo de la sexualidad de la mujer, a quien se la considera con la obligación de ser reproductora.
«Se debe tomar a las cuestiones desde una concepción laica», insistió y en este sentido se quejó de supuestos acuerdos entre el kichnerismo y la Iglesia Católica que -según dijo- quedaron plasmados en la modificación del Código Civil, donde se reconoce como inicio de la vida la gestación, cuestión que traba el debate del aborto.
«Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir», es el lema que, como cientos de otras organizaciones, el PO difunde y además defiende la necesidad de respetar la decisión de las mujeres sin intromisiones de instituciones o individuos ajenos «a una decisión que debe ser patrimonio de la mujer en intercambio con los profesionales que ella elija para tal fin».
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