El conflicto que mantiene a un puñado de CPC de la ciudad de Córdoba funcionado a media máquina está lejos de representar una de las disputas más fuertes que ha encarado el poderoso Suoem en los últimos años, ya que acumula cruces de largo aliento y perfil casi guerrero contra el Departamento Ejecutivo.

Sin embargo, hecha esa salvedad, lo que sí revela acabadamente la actual disputa es la mecánica con que se maneja el gremio municipal, que suele transformar cuestiones nimias, propias de las diferencias humanas que se cocinan puertas adentro de cualquier oficina, en una bandera de lucha que pretende involucrar al conjunto de los 10 mil empleados municipales.

Los siete días de protesta han hecho perder de vista la médula de la cuestión: todo se originó en el CPC Colón, a partir de un problema esencialmente de convivencia que protagonizan sólo siete empleados, dos de los cuales fueron trasladados a otras dependencias por solicitud de la mayoría de sus propios compañeros.

Ese hecho generó entre otras cosas: intentos por paralizar el funcionamiento de todos los CPC; acusaciones de “represor” por parte de un dirigente gremial hacia un funcionario; denuncias ante el Inadi por presunta persecución; insultos e intento de agresión hacia la directora del CPC Colón, Marcela Díaz. ¿No será demasiado? ¿Hay alguna proporción entre la magnitud real del problema y la respuesta gremial?

Como quedó dicho, el problema de fondo que disparó la protesta no es económico; no obedece a un reclamo por deuda salarial ni por malas condiciones de trabajo.

La facultad de trasladar a un empleado para que preste servicio de la manera más conveniente para la administración es un resorte del empleador, siempre y cuando el cambio de condición no implique merma de jerarquía ni de salario para el agente involucrado. Pero en el particular mundo del Suoem, una medida administrativa de ese orden puede ser leída como un desafío y hasta una invitación a guerrear.