La Defensoría del Pueblo participo del encuentro provincial para la conformación de la mesa contra las violencias hacia las Mujeres- Ley 26485- que es propiciado desde la esfera nacional y cuenta con el firme compromiso de la secretaría de la Mujer de la Provincia.

De este importante encuentro se conformó un espacio de articulación, una mesa de trabajo que incluye a diferentes representantes del ámbito de la educación, de la salud, de la justicia, de ministerios provinciales, representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil , y la Defensoría del Pueblo, la cual trabajará en reuniones periódicas donde se abordaran diferentes temáticas acorde a los criterios establecidos por la nueva normativa.

Desde la Defensoría del Pueblo, se señalo que la violencia contra las mujeres es un problema social que a lo largo de la historia de la humanidad se ha naturalizado y arraigado culturalmente. Consiste en todo acto o amenaza de violencia física, psicológica, sexual o económica que expresa la desigualdad existente entre varones y mujeres. Indudablemente la sanción de la ley 26.485 ha sido un enorme paso adelante en nuestro país .Sus puntos más salientes son los siguientes:

Atención gratuita en centros de salud, asesoramiento legal, ayuda económica y alojamiento. Las mujeres víctimas de violencia contarán, desde ahora, con una ley que promete ayuda efectiva e integral del Estado.

La flamante norma tipifica cinco formas de violencia: física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica.

Además la ley postula modificaciones al sistema educativo para concientizar sobre este flagelo y cambios en la capacitación docente y en la formación de los agentes de seguridad. El concepto de violencia de género está atado a la discriminación que sufren las mujeres en diversos planos y, por eso, la iniciativa parte de la erradicación de actitudes discriminatorias.

La ley establece la obligación a los tres poderes del Estado de adoptar medidas para garantizar la igualdad de las mujeres y varones, y fija al Consejo Nacional de la Mujer como el organismo encargado del diseño de políticas públicas.

Campañas, educación y capacitación serán algunos de los mecanismos que deberán utilizarse para desarrollar políticas estatales, además de grupos de ayuda, asistencia jurídica y atención psicológica.

La norma crea también un Observatorio de la Violencia para que monitoree, recolecte, produzca y sistematice datos e informaciones sobre el tema.

La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad y la deslegitimación de la violencia contra las mujeres, es otra de las premisas de la norma y esto solo será posible con una activa participación social, asumiendo un compromiso colectivo para su transformación, que es lo que en definitiva venimos, entre todos, concretando en Formosa, a través de la secretaria de la Mujer.