Esos terrenos tienen un fin social, pero son muchos los que persiguen un objetivo comercial o político. Como requisito principal, cuando se asigna un terreno, pedimos que el lugar sea ocupado lo antes posible para que no surjan este tipo de inconvenientes.

¿Cómo se controla que los terrenos se ocupen correctamente?

Una de las formas es a través de un sistema de denuncias. Quien denuncia que un terreno está desocupado queda primero en la lista para ocupar el lote en cuestión, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por la Subsecretaría de Tierra y Hábitat. Se va al terreno, se constata que no esté ocupado y mediante un proceso administrativo se desadjudica a la persona que no lo ocupó y se hace una nueva adjudicación.

¿Y por qué casos con doble adjudicación?

De ninguna manera se asigna un terreno para dos familias. Estos casos ya están en una instancia judicial. Como un organismo del Poder Ejecutivo no tenemos la facultad para desalojar a nadie. Llegamos hasta la instancia administrativa. Lo que sucede es que cuando desadjudicamos a una familia que jamás ocupó el terreno y adjudicamos a otro, el primero quiere meterse a ocuparlo y ahí se produce un conflicto entre privados. Desde la oficina de Legales intentamos mediar para solucionarlo. No pueden existir de ninguna manera dos propietarios.

¿Qué sucede cuando un terreno es usurpado?

Cuando el terreno no está adjudicado todavía, los que tenemos que denunciar y actuar somos nosotros, desde Tierra y Hábitat, ya que esas tierras están bajo nuestra custodia. Somos quienes estamos legitimados para poder accionar. En caso de que el terreno tenga un adjudicatario, es esa persona quien quien debe hacer valer ese derecho. En el momento en que se adjudicó, el Estado ya no está legitimado para actuar.

En varios casos se dijo que desde Tierra y Hábitat se inducía a la gente a ocupar terrenos desocupados. ¿Es posible?

Sé que soy parte de un sistema viciado, por el que a veces las cosas no llegan a quienes realmente necesitan. No puedo decir que no exista alguien que lo haga, pero si me entero de que alguien de la Subsecretaría, que cobra un sueldo, y que debe velar por los derechos de los salteños, está incitando a cometer un delito, seguro se queda sin trabajo.

¿Por qué se dan estos casos?

En todas las usurpaciones, entre el 50 y el 70% se hace negocio; la necesidad real no es más del 30%. Eso se vio en casos concretos en San Juan de Dios y Gauchito Gil donde más de la mitad de los terrenos habían sido comprados. Estamos en contra de los buscas, oportunistas y los delincuentes que quieren negociar con la necesidad de la gente.