“Recién en fecha 2 del corriente mes, hace apenas un poco más de diez días, el presidente del tribunal, Eduardo Ariel Belforte firmó el oficio 20725/10 remitiendo el voluminoso expediente a la Delegación Formosa de la Policía Federal para su entrega a la Cámara de Casación, pero hasta el día de la fecha un cuerpo de la causa se encuentra retenido en dicha sede policial en razón de que supuestamente la escasa dimensión de las bolsas de envío a la Capital Federal impidieron que todas las actuaciones fueran contenidas en las mismas”, describió ayer el querellante en esta causa, Pedro Velázquez Ibarra.

“Obviamente hasta el día de hoy el expediente no ingresó al tribunal que debe resolver los recursos de casación en una causa que supera largamente el interés de las partes para proyectarse al conjunto de la sociedad, “al punto tal de que se trata nada menos de la reconstrucción de la historia trágica de los formoseños con verdad y aún estamos pendiente de lograr que el represor sea condenado a la pena de reclusión perpetua a cumplir en cárcel común, como asimismo el reconocimiento de que sus crímenes se cometieron en el marco de un verdadero genocidio”, sintetizó.

Y agregó: “La situación provocada por la extrema demora de los magistrados intervinientes generó un caso de “gravedad institucional” por lo cual deberán responder, agravándose sus responsabilidades en el supuesto de que el gobernador de facto culmine sus días antes de que la Cámara de Casación se pronuncie sobre las impugnaciones contra la sentencia que fundó la condena en una ley más benigna para el represor, que ya se encontraba derogada a la fecha en que ocurrieron los delitos de lesa humanidad que se les atribuyen”, concluyó categóricamente Velázquez Ibarra.