A la subasta se presentó Bautista Nemesio Zumalacárregui, que no pudo apropiarse nunca y perdió un juicio contra el Estado. Pero sus herederos revendieron ese terreno. En 2010 se inició un juicio para declarar nula esa operación, y las sucesivas transferencias.

La cuestión es simple, en apariencia: el Consejo General de Educación (CGE) pretende dejar las cosas en claro y recuperar para el patrimonio del Estado una porción de 3.578 metros cuadrados del Parque Escolar Enrique Berduc, que la Municipalidad de Paraná mandó a rematar en la década de 1940, mediante un proceso sumarísimo al que se califica de “irregular” y viciado.

Esa franja de terreno da a calle bulevar Moreno, y en el último medio siglo ha ido pasando de mano en mano, de modo que la demanda entablada en el Juzgado Civil y Comercial Nº 5 no sólo alcanza a la Municipalidad de Paraná, sino a otros tres particulares que fueron adquiriendo de modo total o parcial esa fracción del predio que en 1928 donara a Educación el filántropo Enrique Berduc, con el exclusivo fin de construir allí un parque escolar.

Es a partir de esa participación de particulares que el caso se complejiza. Aunque el Estado provincial cree tener las cartas a su favor, y conseguir que la Justicia declare “nula” la subasta ordenada ante la supuesta falta de pago de los tributos municipales. Claro que los particulares, tres en total, que sucesivamente fueron adquiriendo esos terrenos, no se han quedado quietos, y han reclamado que de suceder eso, que caigan sus derechos posesorios, se condene a la Provincia a resarcirlos. Sobre ese aspecto, la Justicia todavía no se expidió.

De esos tres particulares que han comprado el terreno en disputa, uno ya ha quedado en posición fuera de juego: presentó su descargo a destiempo en la Justicia. Y fue a pedido de los representantes legales del CGE que la jueza suplente Norma Ceballos declaró que esa presentación resultó “extemporánea” y ordenó su desglose del expediente, “lo que equivale a quedar indefenso en el juicio y a que se le tengan por reconocidos en su contra todos los hechos invocados por la parte actora en la demanda”, según contó una fuente que conoce el caso.

Se trata de Libelda Soltermann, madre del ex convencional constituyente Nelio Calza. Su abogado defensor es Alejandro Becic.

AL REVÉS. Primero la Provincia demandó a la Municipalidad, y le reprocha el hecho de haber partido en dos el predio del Parque Berduc, independizando una fracción de 3.578 metros cuadrados, que da a bulevar Moreno, sobre la que confeccionó una partida catastral consignando que era de dueño “desconocido”. Obvió en ese trámite consultar los archivos de la Dirección de Catastro de Entre Ríos, que tiene resguardada la escritura pública de donación de ese predio por parte de Berduc a favor del CGE.

Como ese trámite no se cumplió, sucedió lo que sucedió: hicieron figurar esa fracción de terreno como “de propietario desconocido”, otorgándole un número de partida municipal para empadronarlo como contribuyente de tasas municipales, que se empezaron a devengar, y que al no ser abonadas, dieron lugar a que la Municipalidad iniciara un juicio de apremio fiscal por deuda de tasas municipales. Ese expediente se caratulo así: “Municipalidad de Paraná, contra dueños desconocidos o quien resulte propietario - Apremio”.

El caso se llevó a la Justicia. El 5 de noviembre de 1949, el Juzgado de Primera Instancia de Paraná, a cargo de Tomás Federik, ordenó el remate de esa parte del Parque Berduc. A la subasta se presentó alguien que luego derivaría en personaje de la ciudad, por otros motivos: Bautista Nemesio Zumalacárregui.

Zumalacárregui fue un hombre de mucha fortuna, que murió sin hijos y cuya herencia se disputaron luego herederos reales y estafadores. Nunca pudo tomar efectiva posesión de lo que compró en aquel remate que impulsó la Municipalidad de Paraná. El juicio que inició en 1967 contra el Consejo de Educación, organismo que entonces construyó un muro perimetral para resguardar el predio, lo perdió.

El planteo de la Provincia en el juicio que se inició en diciembre de 2010 es que la Municipalidad cometió errores gruesos al ordenar el remate de un bien de dominio público. El Código Civil sostiene la postura legal del CGE, establece que las tierras sin dueño pertenecen “a los Estados locales”, de manera que, “aún cuando la Municipalidad pudiera alegar que carecía de antecedentes sobre la titularidad del bien, no podía en ese caso hacerlo figurar como de propietario desconocido; aún cuando no lo tuviera, no le quedaba otra alternativa que tratarlo como un bien fiscal del Estado que no tributa tasas municipales”.

Sobre esa base, se le imputa al gobierno de la ciudad haber cometido una “estafa procesal”, ya que al tratarse de “un ente público que tiene potestad propia para generar certificados de deuda fiscal y perseguir su cobro mediante apremio, aprovechó y abusó de tal potestad”, e indujo de ese modo a error al juez del apremio.

ASÍ ESTÁN. La Municipalidad contestó los cargos de la Provincia a través de un escrito que firmó el secretario Legal y Técnico, Alejandro Cánepa, con el patrocinio letrado de Juan Hipólito Carlín: niega haber confeccionado el plano de mensura que dio origen al pleito. En ese punto la historia de la subasta cae en un cono de sombras: el expediente judicial del apremio fiscal se extravió, y en ese expediente está el plano de mensura que dio origen a todo este histórico malentendido.

Pero la Provincia asegura que el plano existe, y como prueba sostiene que en la sentencia dictada en el juicio que promovió Zumalacárregui contra el CGE en 1967, los jueces tuvieron a la vista el expediente y hacen mención que en el mismo estaba agregado ese plano de mensura. El expediente de ese juicio sí es hallable: está en el archivo del Juzgado Civil y Comercial Nº 8.

Pero además de la Municipalidad, hay otros tres demandados. Rosa Matilde Valentini, quien compró la totalidad del predio en disputa a los herederos de Zumalacárregui, en 2006. El Estado provincial no sólo pretende declarar nula la primera subasta, sino las transferencias posteriores que hubo. En este caso, la Provincia niega que haya existido “buena fe” en la compra, ya que el escribano Roberto Vallana hace constar en la escritura de compraventa “que el plano de mensura de la propiedad objeto de la venta se superpone con la superficie comprendida en los planos de mensura oficiales que figuran a nombre del CGE”, revela la fuente a EL DIARIO.

Su abogado defensor, Jerónimo de Bueno, pidió que se cite al juicio al Estado Provincial para que tome intervención como tercero obligado, ya que en caso de prosperar la demanda considera que tendría acción legal para reclamar al Estado que le indemnice los perjuicios que le ocasionaría el juicio.

Otra de las demandadas es Irene Lucía Taboada, esposa de Gastón Camet, titular de la inmobiliaria Arca, que es la empresa que intervino en la primera venta del predio de Zumalacárregui a Valentini. Taboada le compró a Valentini en 2009 dos lotes de 500 m2 cada uno. Le imputan los mismos cargos que a Valentini, con quien comparte el mismo abogado.

A ellas dos se suma Libelda Soltermann, quien también le compró a Valentini dos lotes de 400 m2 cada uno, mediante sendas operaciones inmobiliarias concretadas en 2007 y 2008. Su situación es incómoda: contestó la demanda fuera del plazo procesal, hecho que hizo notar la Fiscalía de Estado en el juicio. La Justicia entendió lo mismo.

Las cosas, ahora, están así: por lo que pudo saber EL DIARIO, en estos días la Fiscalía de Estado está preparando el escrito con el que va a contestar y a refutar los planteos formulados por los demandados en sus respectivas contestaciones. Resuelto eso, la Justicia deberá convocar a audiencia preliminar, que puede servir para llegar a una conciliación entre las partes en juicio. Si no hay acuerdo, se abre el juicio a prueba y cada uno deberá hacer valer sus argumentos.

Acerca de la actuación de los escribanos

La causa, caratulada “Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos c/Municipalidad de Paraná y otros s/Ordinario” que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 5, no tiene a la Provincia como parte del pleito judicial.

La demanda es motorizada por el Consejo de Educación, dueño del predio escolar, como ente autárquico descentralizado y con personería jurídica para litigar en la Justicia. Sólo que la defensa en el juicio la lleva adelante la Fiscalía de Estado.

En el marco de esa causa judicial, la Fiscalía de Estado abrió el entramado de partícipes en la operación inmobiliaria de partición y venta de una fracción del Parque Berduc.

En agosto, envió una nota al Colegio de Escribanos de Entre Ríos, denunciando las variadas “irregularidades” advertidas en las transferencias de esos terrenos “cometidas por los notarios intervinientes en las escrituras de compraventa del terreno perteneciente al Parque Berduc”.

Y le solicitó que arbitrara las medidas conducentes “para investigar y confirmar la existencia de tales irregularidades y determinar las consecuentes responsabilidades inherentes a los profesionales involucrados, por tratarse de matriculados en esa institución y sujetos a su potestad disciplinaria a los fines de que se apliquen las sanciones pertinentes en caso de corresponder”.