En las actualizaciones patrimoniales que hizo el pasado 12 de junio ante la Escribanía de Gobierno, el ministro de Economía, Carlos Parodi, blanqueó su participación accionaria en Positano SA, una empresa inmobiliaria que no había hecho figurar en sus anteriores declaraciones juradas.

En 2012 declaró que tenía acciones de SA por $25.000, pero no especificó en cuáles. Ayer, en el programa de Daniel Murillo, en Radio Salta, el ministro reconoció que aquella participación accionaria se correspondía con Positano, “la única empresa en la que soy socio”, dijo, y agregó que su madre, Dora Gómez, le cedió esas acciones en la empresa inmobiliaria que funciona en Vicente López 22.

Esa dirección concuerda con una de las cuatro propiedades que el titular de Economía tiene a su nombre en la capital salteña y en el country Valle Escondido. Atesora otros bienes que no se condicen con los tres sueldos que cobra del Estado, por montos que superan los 400.000 pesos anuales.

La inmobiliaria familiar

Pese a su evolución patrimonial, Parodi afirmó en el programa Murishow: “No soy rico”. El hombre que maneja las cuentas de Salta y coordina operativamente al gabinete provincial también manifestó que “si en cinco años como ministro no puedo cambiar mis vehículos y viajar, mi trabajo sería insalubre”.

En las actualizaciones que introdujo a sus declaraciones juradas, una semana después de que El Tribuno accediera a la anteriores, el pasado 5 de junio, Parodi explicitó por primera vez que tiene acciones de la inmobiliaria Positano por $187.000 y que su esposa, Josefina Bernis, cuenta con derechos accionarios por $295.000 en esa misma empresa. En la declaración jurada anterior, certificada por la Escribanía de Gobierno el 2 de febrero de 2012, ambos figuraban con acciones por $25.000 en una sociedad anónima por entonces no identificada. Esto llevó al abogado Gonzalo Guzmán a denunciar penalmente al ministro, un mes después, por omisión dolosa de datos en su declaración jurada. El fiscal Federico Obeid desestimó rápidamente la denuncia que hoy, con los activos de Parodi oficializados en Positano SA, tienen nuevas y lapidarias lecturas sobre la forma en que se desempeña el Ministerio Público de Salta ante casos como éste.

En las actualizaciones patrimoniales que hizo el ministro llaman la atención muchas cosas. Una de ellas es que se haya borrado toda evidencia de los créditos mellizos que resaltaban en las anteriores declaraciones juradas.

Parientes y amigos

Sobre su enigmática legión de prestamistas particulares, dijo ayer que su padre y algunos buenos amigos encabezan esa lista. Mucho más extraño resulta ver que su esposa, que está inscripta ante la AFIP desde abril de 2011 como autónoma con ingresos inferiores a $15.000 anuales, haya accedido a un crédito de $600.000 en el Banco Macro el 12 de diciembre último y a otros $60.000, con un prestamista particular, un mes después.

Los bienes de su esposa

En la nueva declaración jurada de Josefina Bernis, con bienes actualizados hasta el 31 de mayo, la esposa de Parodi figura como dueña de una quinta de cuatro hectáreas en Metán (valuada con un precio de incorporación de $35.000). También como propietaria del 20% de una finca de 1.660 hectáreas en las cercanías del dique El Tunal (declarada en $512.000 por su valor fiscal) y como titular de un emprendimiento de engorde de terneros (con $295.000 de valor de producción).

La mujer del ministro figura, asimismo, con un capital de dinero en efectivo de $179.000 y con un depósito bancario, en cuenta corriente, de $242.767.

Blanqueo vehicular

La actualización patrimonial asentada el 12 de junio, por otra parte, regularizó los vehículos de alta gama que Parodi no había declarado hasta esa fecha: la coupé WV Scirocco que adquirió en febrero de 2013 y valuó a $260.000; el cuatriciclo Yamaha Power que compró en enero de 2013 e informó por $48.800, y la moto BMW R 1200 GS Adventure que incorporó a su patrimonio en abril de 2012 y valuó, ahora, en $100.500. La camioneta Amarok 4x4 declarada al 31 de diciembre de 2012, por $190.000, a nombre de su mujer, ya no figura en la escritura actualizada al 31 de mayo último. Parodi señaló que fue vendida y los fondos reunidos con su transferencia, incorporados a la inmobiliaria Positano.

Piden iniciar una investigación judicial

El abogado Santiago Pedroza hizo ayer una presentación ante el procurador general de la Provincia, Pablo López Viñals, para pedir que se investigue al ministro de Economía de la Provincia, Carlos Parodi, por posible enriquecimiento ilícito.

El penalista pidió que el Ministerio Público actúe a raíz de la nota del diario El Tribuno que el 1 de julio informó sobre el crecimiento patrimonial del funcionario.

El abogado consideró que el procurador debe designar un fiscal para hacerse cargo del tema y resaltó que el ministro en cuestión “tiene a su cargo los fondos de todos los ciudadanos”.

“Se debe resaltar que la intervención del fiscal no es opcional... sino que es obligatoria”, señala la presentación de Pedroza.

El penalista destacó que Carlos Parodi debe “explicar el origen de sus bienes” y también citó varios antecedentes en los que una noticia se tomó como punto de partida para iniciar una causa judicial.

“Una declaración solo cumple su objetivo si es clara”

El abogado y director del medio digital Salta Transparente, Gonzalo Guzmán, destacó en diálogo con El Tribuno que las declaraciones juradas de un funcionario público “solo cumplen con su objetivo si son claras”.

Guzmán había denunciado el año pasado al ministro de Economía, Carlos Parodi, por no informar sobre sus intereses accionarios en Positano SA ante la Escribanía de Gobierno.

“Una declaración jurada de bienes tiene que reflejar la real situación patrimonial del que la presenta. Si no se respeta este elemental requisito, no puede cumplir su función como mecanismo de prevención de la corrupción”, manifestó el abogado.

Gonzalo Guzmán se dedicó el año pasado a difundir la situación patrimonial de ministros provinciales como un aporte a la calidad democrática.

“Lamentablemente, los funcionarios son sumamente escuetos y poco transparentes a la hora de declarar sus bienes. Ni la Escribanía de Gobierno ni la Auditoría General de la Provincia, que tienen la obligación de controlar esta materia, hacen algo para revertir la situación”, definió el abogado.

Guzmán también cuestionó que no haya avanzado la investigación judicial a Carlos Parodi por no haber informado su vínculo con Positano SA.

La falta en la que había incurrido Carlos Parodi podía calificar como una “omisión de los datos que las declaraciones juradas deben contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”, figura contemplada en el Código Penal.

“Si se acepta como válido que un funcionario público declare que tiene participación en alguna sociedad comercial sin indicar el nombre y el objeto de tal sociedad, se frustra la posibilidad de controlar con eficiencia eventuales conflictos de intereses o enriquecimientos ilícitos. Es lo que hizo el fiscal Federico Obeid al considerar la denuncia que formulé contra Parodi”, detalló el letrado.

La ley provincial 3.382 impone a los ministros del Poder Ejecutivo la obligación de presentar la declaración jurada de sus bienes patrimoniales y los de su cónyuge, siempre que no haya separación legal.