El paro de actividades en el Registro de la Propiedad inmovilizó entre siete y ocho mil expedientes. Los trámites están pendientes desde hace seis días cuando comenzó la medida de fuerza para rechazar el llamado a concurso abierto que hizo la provincia para 23 vacantes entre Santa Fe y Rosario. Según Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), eso es innecesario porque ya hay 73 personas contratadas entre ambas ciudades que pueden cubrir esos puestos.
"A partir de las 7.30 resolveremos en asamblea si levantamos el paro", dijo ayer el portavoz local del gremio, Néstor Audero al ser consultado sobre la resolución 121 que dejó en suspenso el resistido llamado a concurso. Si la medida de fuerza queda sin efecto, el Registro de la Propiedad abrirá las puertas para la atención del público.
"Recién en cinco días podremos hacer el trabajo pendiente", estimó. Y rescató una segunda motivación para el paro que en seis días congeló miles de trámites. "También pedimos que se cumplan las subrogancias pendientes", enfatizó el gremialista.
Para el gobierno santafesino el conflicto que dejó a Rosario sin transacciones inmobiliarias, averiguación de garantías e inhibiciones, entre otros ítems que promedian de 500 a mil gestiones administrativas diarias, tiene una motivación que colisiona con las políticas de Estado de la administración provincial desde 2007. "UPCN no quiere que haya concursos para ingresar a la administración pública", le dijo ayer a LaCapital el secretario de Justicia, Roberto Vicente. Y agregó que el concurso otorgaba puntaje preferencial a quienes resisten la medida y están contratados bajo la modalidad "ley convenio" con fondos que administra el Colegio de Escribanos y que provienen del cobro de tasas.
Dificultades. "El paro no sólo afecta el ejercicio de los colegas sino el de toda la ciudadanía", dijo ayer el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Ignacio Del Vecchio.Y aludió a los distintos tipos de transacciones e inscripción de documentos que no se pueden realizar. "Esto nos para totalmente, no sólo no se firman las compraventas, lo más grave es que afecta a los contratos de alquiler porque no salen los estudios de garantías", explicó Alejandro Juri, desde el sector inmobiliario.
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