Alberto Martínez, el líder de Apropol, el gremio policial no reconocido, deberá presentarse este jueves en el despacho de la jueza de Instrucción Penal Susana Luna, quien lo citó a indagatoria por el paro policial de diciembre del año pasado. El fiscal de la causa, Juan Pablo López Rosas, lo imputó por los delitos de coacción agravada e instigación al incumplimiento de deberes de funcionario público como uno de los gestores y cabecilla del autoacuartelamiento.

El exagente de la policía provincial deberá responder por las acusaciones del artículo 149 ter del Código Penal, que prevé prisión para quien hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. La pena será:1) De tres a seis años de prisión o reclusión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas; 2) De cinco a diez años de prisión o reclusión en los siguientes casos: a) Si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos; b) Si las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo.

Hasta el momento, en defensa de Martínez actuarán los abogados santafesinos Romeo y Ramiro Díaz Duarte. Sin embargo, al cierre de esta edición, aún faltaba una última reunión entre los letrados y Martínez para acordar la estrategia de defensa y los honorarios para cerrar la representación. Mientras tanto, la jueza Susana Luna fue invitada por la comisión legislativa que investiga el alzamiento de las fuerzas de seguridad para conocer cómo avanzan esta pesquisa y otras vinculadas como la causa por las amenazas al gobernador Antonio Bonfatti. Se estima que el encuentro podría producirse el mismo jueves, antes de la audiencia declaratoria de Martínez.

Integrantes de la comisión investigadora se mostraron conformes con los progresos de la tarea que están desarrollando y con la colaboración que mostró tanto la Justicia Federal como la provincial, el Poder Ejecutivo y otros actores públicos a quienes se les solicitó requerimientos de distinto tipo. Con esos elementos, creen que están encaminados en la reconstrucción de los hechos que se produjeron en 2013. No obstante, quieren tener algunos testimonios más para ratificar o rectificar algunas líneas investigativas. En esta línea, se estima que también podrían ser citados algunos periodistas que trabajaron en la cobertura de los alzamientos ocurridos entre el 9 y el 18 de diciembre pasado.

En los tribunales provinciales, aún existen dos expedientes paralelos que abordan la huelga. La causa se desdobló por la diferencia entre los delitos que se le imputan a cada uno de los actores. En el Juzgado de Instrucción Penal de la 4ª Nominación, a cargo de la jueza Susana Luna, está el expediente que tiene como acusado a un policía identificado como A.M.Z., que está inculpado por el delito de daños. Puntualmente, el fiscal López Rosas lo acusó de dejar inutilizable y fuera de servicio una camioneta Amarok perteneciente a la policía provincial en el distrito de Alto Verde. El objetivo fue que los agentes que disponían de ese vehículo como móvil no pudieran salir a patrullar. A.M.Z. ya fue llamado a declarar pero se excusó. Ahora se espera que en fecha próxima se lo cite nuevamente.

En la otra ala del palacio de tribunales, en el Juzgado Correccional de la 6ª Nominación, está la investigación que se lleva adelante por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En esta causa hay tres suboficiales y un oficial que están acusados de instigar al personal del Comando Radioeléctrico a incumplir con sus funciones y a no prestar el servicio y otros dos suboficiales y un cabo acusados de abandono de función. Sobre todas estas personas falta que se realicen audiencias indagatorias y al menos están pedidas desde el 19 de agosto por parte de la fiscalía otras cuatro declaraciones informativas.