"Hay un gran compromiso de la docencia chaqueña con las aulas abiertas, para garantizar más y mejores días de clases", dijo el ministro Francisco Romero al comentar esas cifras. Desde la vereda sindical, en cambio, negaron que la protesta haya tenido semejante debilidad, si bien no se hicieron estimaciones propias. "Esto es como la manifestación del jueves frente al ministerio, donde según Romero hubo 20 o 30 personas solamente, cuando todos vieron que eran alrededor de 400. En la misma proporción miente cuando habla de la adhesión a los paros", planteó Eduardo Mijno, de Sitech. Descuentos judicializados Para los gremios más enfrentados con el gobierno, ahora la expectativa se centra en la acción judicial iniciada para impedir que se sigan descontados los días de paro a los docentes que adhieren a las medidas de fuerza. Esa orden del Poder Ejecutivo debilitó notoriamente las protestas. Mijno admitió que los descuentos "hacen difícil el acompañamiento" de los trabajadores a las luchas sindicales, y denunció que las quitas "son irracionales, porque aunque se supone que no se puede afectar el salario más de un 20%, acá se han aplicado descuentos por el 40% y hasta el 50% de los sueldos, lo que es atacar directamente la posibilidad de subsistencia de esas familias". Por eso dijo que las entidades gremiales esperan "que la Justicia detenga este abuso de poder del ministro. Más allá de los niveles de presentismo, nadie entre los docentes está de acuerdo con que se premie a quien no reclama ni con la división que se impulsa mediante la reforma del nomenclador". La postura oficial Romero, en cambio, argumentó: "Nosotros respetamos la decisión de quienes van a huelga, pero al mismo tiempo decimos que el Superior Tribunal de Justicia, cuando falló en contra de un sindicato, planteó el precepto de que aquellos días no trabajados no se perciben salarios, recuperando así la información de que la Corte Suprema de Justicia, desde 1945 hasta la fecha, mantuvo la misma postura judicial al respecto, lo que además está ratificado por la Organización Internacional del Trabajo" "El Superior Tribunal de Justicia es muy claro al respecto: al no existir contraprestación laboral, el Estado no está obligado a pagar salarios. Por eso el concepto es: día no trabajado, día que no se perciben salarios", dijo. Además, consideró que "la medida de fuerza sólo se puede justificar cuando el Estado incumple sus deberes, como sucedió anteriormente, cuando durante doce años se congeló la antigüedad y durante ocho años se congelaron los salarios". "Los aumentos de más de 400 pesos en concepto de modificación del nomenclador que impacta en más del 70 por ciento de la docencia, la asignación nacional y la contraparte provincial, y más de 700 pesos en el nivel secundario y nivel terciario con más de 30 horas cátedra sin importar la antigüedad, sumando al Fondo Estímulo, son avances más que importantes para mejorar las condiciones de trabajo y garantizar aulas abiertas", agregó sobre la gestión actual. Mijno, en cambio, insistió en que los salarios actuales "no permiten cubrir el costo real de la canasta familiar" y señaló que "el Estado va a gastar 200 millones de pesos anuales para pagar montos en negro a los docentes, cuando con esa masa de recursos se podría subir un 20% los básicos. En lugar de eso, el gobierno elige la confrontación".