Cuando todo cobraba un tono esperanzador en destrabar el conflicto de los judiciales, la situación se agravó porque los funcionarios de Jaque no asistieron a la Subsecretaría de Trabajo para llevar a cabo la paritaria que estaba pautada para las 12. En cambio, mandaron por escrito la oferta salarial que desde ya no conforma al gremio. De esta manera, una vez más la negociación de los trabajadores del Poder Judicial fracasó y ahora sólo resta esperar.

Respecto de esto, el secretario general del Gremio Carlos Ordóñez, le confirmó a El Sol On Line que si la oferta del Gobierno era la de $32 millones, la vamos a rechazar porque "nosotros pedimos mucho más, eso que ofertan no es ni el 15 % del incremento que buscamos".

Este mediodía, el ministro de Gobierno Mario Adaro, anunciaba en conferencia de prensa la nueva y "última" oferta salarial para los judiciales. La misma, adelantaba el funcionario, consta de $32 millones y fue tomada en conjunto entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y la Legislatura.

El ministro explicó en el tercer piso de Casa de Gobierno que se decidió dejar de lado la propuesta de algunos legisladores de resignar momentáneamente $ 5 millones de los jueces para los empleados de la Justicia, ya que ahora ese dinero saldrá del fondo del Gobierno y se suma a otros $4 millones que los magistrados aportan con el fin de destrabar el conflicto.

No obstante, el conflicto sigue latente y los trabajadores judiciales no volverán por el momento a sus lugares de trabajo. Mientras tanto, el lunes próximo deben asisitir a la conciliación obligatoria dictada ayer por la Subsecretaría.

ASAMBLEA

En la asamblea determinaron paro de actividades hasta las 23 pero como el fin de semana hay actividad en unidades fiscales, propusieron votar también aquellos que se desempeñan en esas áreas, los choferes y trabajadores. Todos determinaron paro.

Por otro lado la comisión directiva del gremio dispuso desconocer la Conciliación Obligatoria ; pedir la intervención del ministerio de Trabajo como ámbito adecuado para la problemática; denunciar al Gobierno y a la Suprema Corte ante la OIT y denunciar penalmente a los funcionarios que determinaron la Conciliación.

Estubo presente en las asambleas el asesor letrado de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales, Ulises Gorini, quien opinó que "es un mamarracho la actuación del Gobierno, la de la subsecretaría de Trabajo y cómo puede ser que lleguemos a estas instancias; cómo pretenden que los que se disfrazan de imparciales, nos amenacen con descuentos".

"Queremos la solución al conflicto, somos los primeros interesados; queremos cobrar nuestro sueldo queremos un sueldo digno. Esta gente desde agosto del año pasado nos está retaceando la negociación, la subsecretaría suspendió unilateral y arbitrariamente y sin facultades el ámbito de negociar en noviembre pasado, los vamos a denunciar ante la OIT , no es una amenaza es una promesa".