El ministro Urribarri, al término de la reunión, manifestó su deseo que las clases se reanuden con normalidad luego del período de vacaciones.

“Hay un acuerdo paritario vigente que estamos cumpliendo. Reconocemos el deterioro del salario por el fenómeno inflacionario, estamos dispuestos a realizar los máximos esfuerzos para atender esa demanda atendiendo a la crítica situación financiera de la provincia. Del mismo modo que esperamos el normal inicio de las clases este lunes”, dijo el ministro de Gobierno, Mauro U

rribarri, tras recibir a los gremios docentes.

Urribarri, junto a su par de Economía, Hugo Ballay, y el presidente del CGE, José Luis Panozzo, escuchó los planteos de los referentes gremiales, tras lo cual acordaron un nuevo encuentro luego del cierre de paritarias con ATE y UPCN en el que se volverá a abordar el esquema salarial docente.

Durante el encuentro se hizo notar que con los haberes de julio los docentes estarán cobrando la segunda etapa de incremento acordado con el gobierno en paritarias, que sumado al anterior representa un 37 por ciento respecto a los haberes de febrero, incluyendo el Fondo de Incentivo Docente. El salario inicial de bolsillo será a partir de julio de 9.329 pesos que cobrarán alrededor de 1.000 docentes sobre un total de casi 46.000 en toda la provincia.

El ministro de Gobierno señaló que “hay un reconocimiento explícito por parte del gobierno del deterioro salarial producido por el fenómeno inflacionario, que como todos sabemos se aceleró bruscamente para toda la población; la decisión del gobernador Gustavo Bordet es realizar el mayor esfuerzo posible para acordar con los gremios en el marco del diálogo”. Agregó “eso significa que estamos abiertos a los requerimientos de los trabajadores, pero que sólo podremos dar una respuesta responsable en función de la precariedad del esquema financiero provincial”. En tanto sobre la posibilidad de poner números a una eventual oferta del gobierno aclaró que “nosotros entendemos la posición de los representantes gremiales ya que somos conscientes de la pérdida de poder adquisitivo en función de los aumentos generalizados de tarifas, servicios y los costos de la canasta familiar, pero junto a las autoridades de Economía y el CGE, debemos hacer un ensayo o simulación del impacto que un nuevo incremento provocaría en las cuentas provinciales”.