Omar Parisi mandó una carta desde España y no es de amor precisamente. Le ordenó al apoderado general de la Municipalidad de Luján, Sergio Rocamora, que busque todos los mecanismos legales para derogar el decreto de adelantamiento de las elecciones municipales que firmaron el presidente del Concejo Deliberante, Andrés Sconfienza y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Roberto Ajo.

A la orden respondió rápidamente el letrado. Ayer por la tarde se presentó ante la Justicia para iniciar una acción criminal contra los dos firmantes de la norma.

El iracundo Parisi indica en la misiva: "Le ordeno actuar conforme el Art. 329 del Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza cumplir con la obligación de formular las denuncias criminales que nos obligan como funcionarios públicos ante la posible existencia de un ilícito y realizar todas las actuaciones de investigación administrativas, civiles, electorales y de conflictos de poderes y cuanta acción legal estime conveniente para la preservación de sistema republicano y democrático de gobierno, la preservación del orden legal municipal, provincial y federal y la garantía federal de gobierno municipal conforme las leyes que reglamentan el mismo".

Así es que, más allá de la respuesta indignada que el intendente viajero dio ante los medios de comunicación, también desató una batalla legal.

En una escribanía

En la mañana de ayer, el apoderado Rocamora se lanzó en búsqueda de todos los antecedentes y tomar declaraciones en la Secretaría Legal y Técnica y Mesa de Entradas de la Municipalidad. Y lo que encontró le pareció suficiente para presentarse ante la Fiscalía de Delitos Complejos.

Según Rocamora, el decreto que firmaron Sconfienza y Ajo fue realizado en una escribanía privada, no en el ámbito municipal; no existe expediente ingresado por Mesa de Entradas, tampoco hay dictamen jurídico de la medida.

"En Secretaría Legal y Técnica me informan que el lunes a las 17.30 Sconfienza pidió un número de decreto y que al otro día por la mañana acercaron el decreto realizado en una escribanía privada, fuera del ámbito municipal".

Por otro lado, siempre según la palabra de Rocamora, el decreto de traspaso del mando que firmó Parisi antes de partir a su segunda luna de miel indica que "el intendente sólo lo dejó a cargo del Despacho al presidente del Concejo Deliberante".

No hay acta de traspaso, ni le dejó todas las facultades. Esto es, sólo podría firmar cuestiones administrativas de expedientes ya iniciados, pero no tomar decisiones.

Usurpación

Y acá descansa buena parte de las argumentaciones del Apoderado General de Luján: "Se arroga facultades del intendente. En las comunas no hay una fórmula, sino que lo que vota el pueblo es una persona.

Y, de acuerdo a la legislación vigente, la convocatoria electoral está en manos exclusivas del intendente", a no ser que haya acefalía. Pero en este caso la ausencia es transitoria, por la licencia anual reglamentaria del intendente, que se extiende del 16 de mayo al 7 de junio.

Con todos estos antecedentes, relevados en un acta notarial, más el decreto de traspaso y el de pedido de licencia, así como también copias de las declaraciones públicas de Sconfienza, Rocamora se presentó en la tarde de ayer ante la Fiscalía de Delitos Complejos a solicitar una investigación criminal "ante la presunción de un delito cometido por Sconfienza y con Roberto Ajo como partícipe necesario".