Los carteles denuncian persecuciones parapoliciales contra empleados bancarios por parte de la gestión "Alperovich - Rojkés", y pudieron verse en las inmediaciones de Plaza de Mayo y demás calles del centro de la Ciudad de Buenos Aires.

La agrupación sindical sostiene desde hace varios meses la existencia de un sistema de espionaje y persecución contra empleados de la Caja Popular de Ahorros, líderes políticos, sindicales y sociales de Tucumán. Las denuncias fueron corroboradas por referentes de la oposición.

La Bancaria de esta manera nacionaliza un conflicto que se agudizó con la autorización que dio la Legislatura al Ejecutivo para disponer de 172 millones de pesos del fondo de Garantía de la Caja Popular para el pago de aguinaldos. Más tarde, el desplazamiento del antiguo interventor por Armando "Cacho" Cortalezzi profundizó las diferencias.