Se trata del decreto N° 468, que tiene fecha del mismo día de la tormenta, 19 de febrero, y que declara a partir de esa fecha “el estado de Emergencia Social y de los Servicios Públicos en la Ciudad de Paraná”, por el término de 60 días. Es decir, hasta el 19 de abril.

Además establece que dentro de ese plazo las autoridades municipales podrán disponer “el conjunto de medidas y acciones que se consideren necesarias a fin de retomar y organizar la normal y eficiente prestación de los servicios públicos que le competen al Estado municipal como asimismo, recomponer la infraestructura pública urbana de la ciudad”.

En tanto, se facultó a la Secretaría de Hacienda a “efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para encuadrar y gestionar las acciones, compras y contrataciones que realicen las distintas Secretarías que componen el Gabinete Municipal, destinadas a superar la situación de emergencia”.

El decreto se fundamenta en el temporal de lluvia y viento que se desató en Paraná a las 8 del día viernes 19 de febrero de 2016 “que revistió características inusuales y rayanas en la catástrofe climática”, se lee en el texto de la norma.

Se indica también que como consecuencia la ciudad “quedó devastada por la caída de cientos de árboles que produjeron diferentes inconvenientes de distinta gravedad; como calles cortadas, viviendas destrozadas, arrastre del cableado aéreo con el consecuente corte de energía y el peligro de electrocución para los ciudadanos”.

Se señala que “más de un centenar familias se vieron afectadas en sus viviendas, debiendo ser asistidas de inmediato con elementos como chapas, colchones, tirantes para solucionar la coyuntura de estas personas damnificadas que quedaron sin techo por la violencia del evento climático”. Y que “esta situación extrema y fortuita exige mayor eficiencia en la prestación de los servicios por parte de la Municipalidad, que no debe descuidar aquellos que le son de su propia incumbencia como la recolección de residuos, control del transporte y del tránsito de modo tal de evitar implicancias graves en el ámbito social”.

Por último se advierte que la “inestabilidad climática aumenta la magnitud de los daños y la urgencia en recuperar y adecuar la infraestructura pública y la correcta prestación de los servicios esenciales”.

El decreto, que lleva la firma del intendente Sergio Varisco, fue publicado el 26 de febrero en el Boletín Oficial de la provincia.