La comisión vecinal se acercó a la comisaría 16ª para comenzar a mantener reuniones periódicas. Piden que el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) realice los inspecciones.
Ahora los integrantes de la comisión vecinal comenzaron a reunirse con el personal policial que trabaja en la comisaría 16ª para trasladar sus inquietudes y escuchar también la situación que viven los uniformados.
“Antes nadie llamaba por teléfono para alertarnos, ahora por lo menos se comunican con nosotros y nos advierten si ven algo que está fuera de lo normal”, respondió a UNO el subcomisario de la seccional 16ª Carlos Alberto Benítez.
Ahora esperan que las autoridades del Estado municipal y provincial lleguen al barrio para realizar tareas de control y acompañamiento de los habitantes, que hace más de 20 años tienen que luchar contra la degradación que produce el narcotráfico.
En el complejo habitacional que construyó el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) de Entre Ríos, viven cerca de 3.000 personas según estimaciones de los vecinalistas.
La mayoría de los “viejos propietarios” ya vendieron sus casas agotados de soportar lo que se genera cuando el narcotráfico toma las riendas de un lugar.
En el barrio se sabe que después de las 19 un grupo de adolescentes se drogan en la esquina de la comisaría. Ahí comienzan los problemas. La música invade la zona y aparecen las disputas. “Hay veces que tengo que ir y decirles que bajen la música porque no escuchamos a la persona que está hablando por teléfono”, describió el subcomisario Benítez. La contaminación sonora pasa a ser una anécdota cuando se dice en el barrio que en tres cuadras hay siete personas que venden droga.
Julio Gotti, presidente de la comisión vecinal consultado por este diario, aceptó que en estos días la situación “está calma” y la violencia se frenó.
La gente trabajadora que vive en la zona sabe que cuando las calles se tranquilizan es porque alguien se quedó con el manejo de la distribución y venta de drogas. También reconocen que la calma pende de un hilo. Ayer la Policía demoró a un hombre porque los vecinos habían advertido telefónicamente que llevaba un arma. Cuando lo interceptaron le encontraron piezas de motos robadas, pero la leyes marcan que lo tienen que dejar en libertad.
Invasión
En Paraná XVI se desdibujaron los límites. Uno de los estacionamientos se convirtió en una cancha de fútbol que por lo bajo se rumorea tiene “administradores”. Además el salón de la comisión vecinal está usurpado desde hace tiempo y si alguien tuviera la intención de ofrecer algún tipo de taller se vería imposibilitado de hacerlo. Teniendo en cuenta esta realidad, ahora la habitantes, que sueñan con una vida más tranquilidad, empezaron a involucrarse. Algunos meses atrás, el barrio se había cerrado a los controles. Ahora entendieron que para lograr el cambio tienen que colaborar.
Datos
* Unas 3.000 personas viven en el barrio Paraná XVI.
* Hasta cinco familias llegan a vivir en una misma casa.
* Afirman que personas ligadas al tráfico de drogas tienen muchas propiedades porque se las compran a los antiguos vecinos cansados de la violencia.
La queja en Internet que describe la realidad del barrio
En una cuenta de Facebook que se encuentra como Vecinos Unidos Paraná Dieciséis se alertó sobre la realidad del barrio. En la vecinal lo invitaron a las reuniones, pero el anónimo activista todavía no se presentó.
“La gente se cree dueña de cualquier espacio público en nuestro barrio y nadie hace nada”, escribió.
“Construcciones ilegales: edificar, reedificar, reformar su vivienda, colocar puertas o ventanas, alterar la forma o dimensiones de la existente, ya forma parte de la costumbre de nuestro barrio, observé que no solo se las construye en forma conjunta. La planta baja, en varias ocasiones, es vivienda de dos o más familias. Los vecinos de la planta alta no tienen mucha opción, solo pueden cerrar el patio o su balcón para poder agrandar su vivienda, pero otros se las ingeniaron para levantar ‘hasta edificios’. La vivienda de la planta baja no posee buenas columnas para soportar tal peso, solo fue pensado para que ese sector sea patio. Se está poniendo en peligro la familia de la planta baja”, describió.
En los barrios Paraná XVI y XIII el problema histórico fue la construcción de cocheras en espacios comunes.
El diseño del IAPV dispuso calles grandes que fueron ocupadas con nuevas construcciones. En algún momento se intentó reglamentar, pero nadie nunca tomó una decisión para tirarlas abajo o evitar que las construyan. Ahora las casas llegan hasta las veredas, algunos pasillos quedaron techados y las playas de estacionamiento cada vez pierden más espacios.
En una misma casa llegan a vivir hasta cinco familias
Nadie lo confirmó de manera oficial, pero muchos coinciden con que los antiguos propietarios fueron vendiendo, a precios muy bajos, las viviendas a los narcotraficantes.
Los vecinalistas y la Policía están tratando de que las autoridades del IAPV se involucren en el tema para que intenten regularizar la situación. Por otro lado se sabe que en una casa llegan a vivir cinco familias. Cada una ocupa una pieza y también las construcciones irregulares que se fueron levantando.
En estas cuestiones en donde está en juego el derecho universal a una vivienda digna supera los controles que puede llegar a realizar la comisaría del barrio o los integrantes de la comisión vecinal. Los actores que están involucrados con la problemática de la zona también sospechan que si no se toman medidas urgentes, con la llegada de las fiestas de fin de año y las vacaciones, recién se evaluará un plan de acción en marzo de 2014.
La zona oeste de la capital provincial merece, desde hace décadas, un intervención fuerte del Estado para mejorar la calidad de vida de decenas de miles de paranaenses que se acostumbraron a vivir con miedo por el narcotráfico.
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