La causa penal por supuestas irregularidades en la implementación del plan Argentina Trabaja no tiene juez ni fiscal actuando en la Justicia Federal. La parálisis del expediente se produjo por una serie de hechos concurrentes, que demoran el avance en la investigación de unas 25 denuncias. Por ellas, hay 13 personas acusadas desde mediados de agosto, a las que aún no se les tomó declaración indagatoria.

El expediente fue abierto el 7 de enero, a partir de publicaciones en LA GACETA sobre exigencias, por parte de punteros a beneficiarios, del pago de parte del haber mensual de $ 1.200 para seguir perteneciendo a las cooperativas encargadas de la realización de obras vecinales.

La presentación original fue efectuada por el fiscal federal general Gustavo Gómez, a quien el juez federal subrogante Mario Racedo le encomendó la pesquisa. Gómez fue reemplazado a partir de marzo (tras la feria judicial) por el fiscal federal 1, Emilio Ferrer, que quedó a cargo del impulso de la causa hasta su jubilación, en octubre.

Desde principios de mes, el fiscal federal 2, Carlos Brito, cubre los dos despachos, pero aún no recibió los tres cuerpos (casi 600 fojas) del expediente judicial en el cual se instruye la causa. Por este motivo, aún no está actuando ni impulsando medida alguna. Este hecho, según trascendió en la Justicia Federal, se destrabaría en los próximos días.

En la Cámara Federal

Más compleja es la situación del juez federal que deba intervenir en este caso. Hasta el 4 de agosto, Racedo estuvo a cargo de los pedidos de allanamiento, citaciones, protección de testigos y recopilación de pruebas que requerían su autorización. Durante esa jornada, hubo una manifestación de militantes de la agrupación Barrios de Pie que lo cuestionaron por ser tío del interventor en el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), Regino Racedo. Ese mismo día, el juez federal se inhibió de seguir entendiendo en el caso.

"Me excusé por mi propia voluntad. Lo decidí pese a que mi sobrino jamás fue mencionado por los fiscales intervinientes ni siquiera como testigo, menos como imputado de algún delito. Nunca nadie pidió que se lo investigue, y yo jamás tuve el impulso de la pesquisa", le explicó ayer a LA GACETA el juez federal subrogante.

En el escrito inhibitorio, Racedo argumentó: "hay que dotar a estas actuaciones de completa transparencia y hay que preservar las garantías constitucionales del debido proceso judicial, la defensa en juicio y la imparcialidad de los jueces".

Sin embargo, el 26 de agosto, el juez federal subrogante 1, Daniel Bejas, rechazó la decisión de Racedo y consideró que debía seguir en el caso. "Debe existir un motivo que le impida al juez seguir conociendo en la causa. No existe aquí ningún vínculo o relación entre el magistrado y el objeto del proceso o sus intervinientes; y no hay razón suficiente para entender que la función del juzgador se encuentra afectada. Regino Racedo no reviste calidad de parte ni de imputado y tampoco es objeto de investigación. El apartamiento de los jueces debe aceptarse como excepción", aseveró.

A partir de que Bejas no aceptó la inhibición de Racedo, el expediente en cuestión fue remitido a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. En ese tribunal de alzada es donde debe resolverse a qué juez federal le compete seguir en el asunto, dado que los dos rechazaron esa potestad. La irresuelta cuestión de la competencia negativa interpuesta por ambos impide que se motoricen las denuncias, cuyas últimas actuaciones procesales tienen ya tres meses.