Ayer por la tarde, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, a 200 kilómetros del último ataque del EPP, fue emboscado y atacado a balazos el senador liberal Roberto Acevedo. En el ataque murieron el chofer y su custodio. Con todo, fuentes policiales no descartaron que se tratara de un hecho aislado, sin vínculos con el supuesto grupo guerrillero.

"El objetivo principal del estado de excepción es capturar a los miembros del EPP que han cometido una serie de crímenes horrendos en Paraguay", dijo en conferencia de prensa el jefe de Estado.

Agregó que la ley aprobada por el Congreso el sábado, promulgada por el Ejecutivo ese mismo día, tenía por finalidad el involucramiento de los militares, "lo cual no sería posible sin el estado de excepción". Pero además, el presidente paraguayo tuvo que salir a desmentir a su vicepresidente -con quien está enfrentado desde hace tiempo-Federico Franco, devenido en un ácido crítico de sus actuaciones.

Franco reveló ayer en rueda de prensa que en el consejo de ministros, el comandante militar, general Oscar Velázquez -encargado del rastrillaje en el norte- se sinceró diciendo que "la idea (del gobierno) no es capturar a los miembros del EPP sino devolver la seguridad a la población".

"Lo que verdaderamente se quiere hacer es apenas mantener un show mediático y aumentar la ayuda para captar la simpatía de sectores carenciados con la excusa de combatir las causas del problema", dijo Franco.

Lugo replicó diciendo que la medida era reclamada desde hacía tiempo por los propios gobernadores de los departamentos involucrados: Concepción, San Pedro, Amambay, Presidente Hayes y Alto Paraguay para buscar a los insurgentes. "Lo que buscamos es potenciar la capacidad operativa de los organismos de seguridad; el estado de excepción solamente va a ser utilizado para darle un amparo legal a la actuación de los militares y nada más que eso", sostuvo el ministro del Interior Filizzola ante periodistas.

Dichos departamentos (del total de 17), salvo San Pedro, limitan con Argentina, Bolivia y Brasil.

Los del EPP, de quienes no se conoce más que a sospechosos que estuvieron ligados en el pasado a la diócesis de San Pedro donde el actual presidente oficiaba de obispo de la Iglesia Católica y a quienes se vincula a la guerrilla de las FARC colombianas, se adjudicaron los secuestros de los ricos ganaderos Luis Lindstron (2008) y Fidel Zavala (2009).

En panfletos exhibidos por la policía, se responsabilizaron del ataque en 2008 de un puesto militar y de dos comisarías en el departamento de Concepción, además de la colocación de una bomba de escaso poder en un baño del Palacio de Justicia en Asunción.

La gota que colmó el vaso fue la virtual masacre de cuatro policías, registrada el pasado miércoles en el mismo radio donde ocurrieron los demás sucesos del norte, lo cual impulsó a Lugo a pedir al Congreso una ley para declarar la suspensión parcial de las garantías constitucionales. La oposición, que ejerce una cómoda mayoría en el Congreso, concedió la declaración, pero tras exteriorizar sus dudas sobre los verdaderos objetivos del jefe de Estado, habitualmente rodeado de líderes de partidos y movimientos minoritarios marxistas.

Varios de ellos, incluido Lugo, no han desmentido su vinculación en el pasado con algunos de los sospechosos prófugos, si bien el presidente aclaró varias veces que si se acercaron a él fue dentro de su actividad pastoral religiosa.

En las regiones que abarca el estado de excepción, que ocupan gran parte del territorio medio del país, con unos 800.000 habitantes sumidos en la pobreza en su mayoría, pululan las haciendas ganaderas (Paraguay es uno de los principales exportadores de carne de la región) y las llamadas "zonas liberadas" de cultivos de marihuana. Varias decenas de asentamientos campesinos, algunos de cuyos líderes no ocultan haber viajado a Venezuela y Cuba "para capacitación" y tienen escuelas con la efigie del Che, se hallan establecidos particularmente en San Pedro y Concepción.