El proyecto que está en la Cámara de Diputados de Santa Fe prevé una pensión de unos 3 mil pesos, y según la Asamblea alcanzaría a un universos de unas dos mil personas, sobre las que ya comenzó un censo en toda la provincia.
Ruiz Díaz aseguró que "se debe terminar con la condena que pretenden muchos de hacerles pagar a los hijos o los hermanos por el apellido. Tenemos compañeros que pretenden ser delegados y los panfletean diciendo que es hijo o hermano de un guerrillero. La reparación integral debe teminar con la teoría de los dos demonios".
Por su parte, Héctor "Chinche" Medina, es el anfitrión en su rol de dirigente de Sitratel, el sindicato de trabajadores telefónicos. "Cuando vemos a nuestro compañero Miguel Cabos como linyera, nos parte el alma, porque Miguel como otros tantos pelearon por una Argentina mejor y lo que recibió son condiciones de vida mucho peores, recibió la exclusión. Por eso cuando desde la Asamblea de ex presos nos planteamos trabajar por las reparaciones, es reconocer que el 80 por ciento de los compañeros presos no pudieron volver a reinsertarse en un trabajo en blanco y tuvieron que hacerlo en negro. Muchos tienen entre 58 y 65 años promedio y no se pueden jubilar por la falta de aportes. Esto compañeros no tienen obra social, ni jubilación ni nada. Hubo compañeros que fallecieron y tuvimos que pagarles el sepelio entre todos. Y este no es un hecho aislado de Rosario , pasa en Villa Constitución, en Santa Fe en Reconquista, en Venado Tuerto y Rufino. Y no solo ellos no pudieron reinsertarse, sus hijos tampoco", dice Medina.
Chinche Medina, se indigna también porque "desde el gobierno provincial nos pidieron una lista de los compañeros que tenían problemas económicos para ver si se los podía ayudarlos. Esto no es Cáritas, no estamos planteando darle limosnas a nadie y no queremos que ninguno de nuestros compañeros esté mendigando. Y lo hacemos porque algunos de nosotros hemos logrado reinsertarnos, somos dirigentes, y por eso alzamos la voz, porque podemos hablar por la mayoría de los ex presos".
Los ex detenidos reclaman que "el estado provincial asuma las responsabilidades porque la represión la llevó adelante la policía provincial. Y en este sentido exigimos el tratamiento del proyecto del diputado Marcelo Brignone, que esta cajoneado, duerme en la comisión de Derechos y Garantias que preside la diputada Mónica Peralta".
El proyecto prevé una pensión de unos 3 mil pesos, y según la Asamblea alcanzaría a un universos de unas dos mil personas, sobre las que ya comenzó un censo provincial.
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