Esteban Righi, en su carácter de procurador general de la Nación, envió una nota (APG 119), al presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Luis María Cabral, en la que le pone de manifiesto "la grave situación por la que atraviesa la Justicia Federal de Mendoza por estos días como consecuencia de las actuaciones judiciales y administrativas en trámite en las que se estudia la actuación de integrantes de la Cámara Federal de Mendoza en el marco de causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado así como su intervención en la comisión de delitos contra la humanidad durante su desempeño judicial en aquel período".

Este envío se conoció horas antes de que saliera a la luz la resolución por la cual la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza decidiera, respondiendo a un planteamiento de enemistad impulsado por el camarista Otilio Romano, separar al juez federal Walter Bento de la investigación iniciada por la omisión de magistrados en funciones y otros que ocuparon ese cargo en los tribunales federales de Mendoza durante el último gobierno militar, situación que -según presumen los especialistas- pondrá más leña al fuego.

A este conflicto, anticipado por Los Andes, en su edición del lunes 20 de setiembre, bajo el título "La guerra interna de la Justicia Federal", el Dr. Righi recuerda que allá por julio, los fiscales Omar Palermo y Javier De Luca se presentaron ante el juez Bento, pidiendo la citación a prestar declaración indagatoria a los ex jueces federales Luis Francisco Miret, Gabriel Francisco Guzzo, Guillermo Petra Recabarren, Eduardo Mestre Brizuela y Evaristo Carrizo. También fue citado el ex fiscal federal Otilio Romano.

Las demoras

El juez Bento los procesó pero no pudo indagar a todos. Carrizo, por enfermedad, fue visitado en su domicilio, oportunidad en que se abstuvo de declarar. Otro tanto ocurrió con Guzzo, mientras que el camarista Romano, después de una primera indagatoria y que terminó -dicen- a los gritos que se escucharon fuera del despacho, presentó un certificado de enfermedad por 60 días, que ahora está a consideración de los profesionales del Cuerpo Médico Forense.

En ese tiempo también recurrió a una acción de amparo en la que cuestionó la autoridad del Consejo de la Magistratura, resuelta favorablemente con la firma de Carlos Parellada, abogado de la matrícula y que, a nivel nacional, todavía no ha sido resuelto.

Paralelamente y como para "no dejar ningún flanco abierto", según lo graficaron abogados que transitan los pasillos de los tribunales federales, Romano recusó al juez que lo estaba investigando aduciendo "enemistad manifiesta".

La Cámara conformada por Julio Petra (con quien Romano comparte una de las dos salas de la Cámara Federal) y los jueces sanjuaninos Leopoldo Rago Gallo y Miguel Ángel Gálvez, aceptó la recusación y separó al juez Bento, pero nada dijo de la amistad que los une entre ellos, principalmente con Petra y Rago Gallo, situación que es ampliamente conocida y reconocida en ese ámbito.

Después de este panorama, el procurador general concluye su misiva señalando: "Cabe recordar que buena parte de las causas por violaciones a los derechos humanos en trámite en la jurisdicción Cuyo se encuentran paralizadas en virtud de las recusaciones que pesan sobre los camaristas mendocinos, algunos denunciados por entorpecer y retrasar arbitrariamente el trámite de estas causas y otros por su participación directa en los delitos que involucran".

Finalmente Righi reitera lo de "crisis institucional" y solicita al Consejo que, con "carácter de urgente, se extremen las medidas que correspondan para normalizar la situación por la que atraviesa la Justicia Federal mendocina?"

En el orden local se espera que tanto los organismos de derechos humanos como la Fiscalía recurran esta resolución: primero, ante la Cámara de Casación Nacional y, ante un fracaso jurídico en esa instancia, lleguen, en queja, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.