Según un parte de prensa difundido a última hora de anoche por el concejal capitalino opositor Francisco Guiñazú, el Procurador General de la Provincia -subrogante-, Néstor Lucero, dio dictamen negativo a la solicitud, por parte del Ejecutivo Municipal, para que el Superior Tribunal de Justicia de San Luis, ordene al Concejo Deliberante a dar por sancionadas de manera ficta cuatro proyectos de ordenanza que no fueron tratados este año, entre ellos el Presupuesto 2011.
En el parte difundido por Guiñazú, expresa que “dicho funcionario judicial considera que la pretensión sustancial de la Sra. Intendente Lemme, resulta ‘improcedente’ y que en mérito a lo normado por el art. 82 de la Constitución Nacional, la sanción de las Ordenanzas se produce con la manifestación expresa (no tácita o ficta) de los legisladores electos y que ello debe aplicarse en todo el territorio de la República Argentina”.
Asimismo, manifiesta que el Superior Tribunal de Justicia de San Luis “debe ser un celoso guardián de la Constitución” y que en su opinión “se vería sensiblemente afectada, si se hiciere lugar a una petición de este cariz”, agregando que “el respeto por la voluntad popular y a quienes fueron electos, también es un norte (objetivo) que la judicatura en su conjunto debe materializar y que no puede actuar, en este caso, como celador respecto del accionar de los señores concejales”.
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