Las negociaciones que vienen llevando adelante el gobierno provincial con los dirigentes gremiales de ASDE, UTEP, SADOP y UDA (‘Mané’ Quattropani, Carlos Rojas, Juan Accornero y Roberto Ceballos, respectivamente), pueden dividirse en dos.
En ese sentido, le buscaron la vuelta -y lo consiguieron- para levantar, a medias, el sumario y suspensión por 90 días que le impusieron a los tres docentes que se encadenaron a las puertas de Casa de Gobierno como parte de su protesta. Los tres siguen con el sumario abierto, pero para levantarles la suspensión y de esa forma puedan cobrar sus haberes normalmente, decidieron trasladarlos a otros establecimientos, aunque dentro de la misma localidad donde trabajaban al inicio del conflicto. No se debe descartar, la posibilidad de que estos tres docentes, continúen con las acciones administrativas que iniciaron al momento de ser sancionados y las legales que continuarían si las administrativas fracasaran.
En cuanto a los docentes que habían tomado horas en el IFDC y que por adherir al paro se las retiraron, tienen la promesa de que se les retengan esas horas, previo a interponer un recurso administrativo, el cual será resuelto en cinco días, luego de la presentación de los docentes.
Por otra parte, se pidió que no se les aceptara la renuncia que presentaron los máximos directivos del IFDC de Villa Mercedes, al ver que el gobierno, de forma arbitraria le quitaba las horas a sus docentes por adherir al paro. La respuesta está casi firme en cuanto a no dar respuesta afirmativa al pedido de los gremialistas.
En cuanto a lo técnico, los gremialistas dispusieron de dos especialistas por gremio participante, quienes estuvieron reunidos hasta tarde con los técnicos del Ministerio de Hacienda Pública y el miércoles continuará la mesa de diálogo. Los tres puntos principales de esta etapa son, el básico que se aumente a $ 1.100; que se pague el doble cargo como lo determina el Estatuto del Docente, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y el pago correcto para los docentes rurales.
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