Para Pocho Brizuela el Poder Judicial desafía a la sociedad

Para Pocho Brizuela el Poder Judicial desafía a la sociedad
El diputado provincial Délfor Pocho Brizuela repudió duramente la decisión de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal integrada por jueces "influenciados por el grupo Clarín", por hacer lugar en tiempo record a la medida cautelar solicitada por la Sociedad Rural que suspende la recuperación por parte del Estado Nacional del predio de 12 hectáreas ubicado en Palermo, que adquirió esa corporación a precio vil en el año 1991.
El legislador dijo el tribunal actuó con “temeraria impunidad” y recordó que “esta es la misma cámara que impide desde hace cuatro años la aplicación de la Ley de Medios, que está integrada por jueces de la dictadura elegidos con papelitos, que viajan a Miami pagados por Clarín, y que defienden los intereses de quienes se hicieron con el predio de Palermo por un precio vil, por decisión de funcionarios venales que hoy están procesados. Y encima –disparó ofuscado-- no lo pagan”.

En relación a los jueces que la integran, Pocho afirmó que “no sorprende su posicionamiento, pero sí que se atrevan a tanto, actuando en un fuero que no es de su competencia, poniéndose por encima de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación y desafiando más allá de todo límite a una sociedad que demanda justicia, y que cuestiona la propia estructura corporativa, conservadora y reaccionaria de buena parte del poder judicial en la Argentina”.

“MÁS PAPISTAS QUE EL PAPA”

En otro orden Brizuela advirtió que “esta cámara de la vergüenza, que actúa como un superpoder, suma en la medida cautelar otro motivo más para su recusación, ya que afirma que el propietario del inmueble es la Sociedad Rural, adelantando opinión sobre la cuestión de fondo, sobre la que no tienen nada que decir”.

No obstante, para Brizuela, “el comportamiento de estos y otros jueces, en los últimos tiempos, tuvo como ventaja el hecho de que hoy la sociedad argentina comprende cómo funciona un sector importante de la corporación judicial y cae en la cuenta de la necesidad de democratizarla para que sirva a sus verdaderos intereses que no son otros que proveer justicia al pueblo. Ese –remató—es un debate que se presenta como inevitable para alcanzar un verdadero estado de derecho en la Argentina”.

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