De acuerdo con Horacio Pernasettí, el Ejecutivo Nacional además se reserva una importante cantidad de fondos para uso discrecional. También resaltó la importancia de recurrir a una organización del nivel del Funcei y opinó sobre la hostería Polo Jiménez.
Con respecto al Presupuesto 2011, para Pernasetti es evidente que se trata de una copia del presupuesto de años anteriores, ya que puede encontrarse en el mensaje de elaboración la firma de Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete del Gobierno nacional. A su vez, denunció que para el nuevo presupuesto sucede lo mismo que con los de años anteriores, “hay una subestimación de los recursos y del crecimiento. Se habla de que vamos a crecer al cuatro por ciento, cuando todas las estadísticas están hablando del siete u ocho por ciento, y cada punto de crecimiento menos significa alrededor de 1.500 millones de dólares”.
Además, criticó que, como en casos anteriores, en el Presupuesto 2011 el Poder Ejecutivo nacional tendrá casi 40 mil millones de pesos para gastar sin la participación o intervención del Congreso, salvo que éste modifique la ley de Superpoderes. Entonces, “esos recursos son usados discrecionalmente, y a través éste del uso discrecional de fondos es que se afecta a provincias y regiones”, lamentó.
En este sentido, el auditor señaló que tal y como pasa últimamente aparecen provincias privilegiadas, en principio Santa Cruz y el Gran Buenos Aires, mientras algunas otras siguen postergadas, como el caso de Catamarca en la asignación de planes y recursos por parte del Gobierno nacional.
Minería
Horacio Pernasetti valoró la participación de una institución del prestigio con el que cuenta el Funcei, tanto en el nivel nacional como internacional, para evaluar el impacto de la actividad minera en la salud de los catamarqueños. De acuerdo con él, los resultados revelados por la investigación científica (ver página 6) eran algo que “todos percibíamos, que en el tema de la contaminación de la minería hay mucha fábula”.
El ex diputado nacional explicó que es evidente que la actividad minera afecta el medio ambiente al ser ésta una industria extractiva, ya que no puede haber minería sin sacarle algo a la tierra. Entonces, aclaró que “hay que ver cuáles son y cómo se mitigan esos efectos que se producen al extraer un recurso y cuáles son las acciones que se llevan adelante para que esa extracción sea sustentable con el medio ambiente. Es decir, no se afecte más de lo necesario”.
Sobre esta tarea, Pernasetti remarcó que es responsabilidad de los organismos provinciales, o sea que es la secretaría de Minería la que debe hacer cumplir la ley de Impacto Ambiental Minero. La cual, por estar incorporada al Código de Minería, determina que las autoridades de aplicación sean las provincias.
Disputa sin ganadores
Pernasetti, referente del radicalismo, lamentó el conflicto suscitado a partir de las discusiones por la hostería Polo Jiménez, ubicada en El Portezuelo, ya que “no le hace bien a los radicales ni a los catamarqueños”. A su vez, criticó la actitud del intendente de Valle Viejo, Gustavo Jalile (MIRA) quien “vio cómo se construía la obra durante cinco años y el último día se da cuenta de que no la había habilitado”.
Para el auditor nacional, esto no le hizo bien al partido. De acuerdo él, “lo que deberíamos hacer los radicales es abrir una discusión mucho más amplia para ver dónde estamos, analizar los pro y contras de esta gestión y qué vamos a ofrecer a la ciudadanía en lo que se viene”. También, adelantó que el Frente Cívico y Social (FCyS) podría enfrentar una oposición en las elecciones del año próximo que podría estar “envalentonada” y fortalecida por el apoyo monetario del kirchnerismo nacional.
Por último, Horacio Pernasetti manifestó que lo importante ahora para el radicalismo y para el FCyS es trabajar en un proyecto político, hacia adelante, en el que todos deben estar presentes en la mesa de discusión.
Potestad provincial
Con respecto a la ley nacional de Glaciares, Horacio Pernasetti, voz especializada en el tema por su experiencia como vocal de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, ratificó que en lo referido a la actividad minera “las autoridades de aplicación de controles y regulación son las provincias. Por lo tanto, cualquiera que avance sobre esas facultades está incurriendo en algo inconstitucional”.

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