En julio pasado, los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) presentaron un amparo ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería a cargo de Francisco Marinkovic. “Como vecinos y universitarios que coincidimos en trabajar en la Unidad Académica Río Gallegos necesitamos expresarnos e intervenir en el ámbito comunitario para aportar nuestra mirada comprometida con la realidad”, expresaron.

Más adelante, los docentes señalaban que “se afectaron los derechos de todos a la salud por las condiciones medioambientales en las que vivimos; los bienes de uso públicos, las relaciones y vínculos interpersonales por el ambiente de violencia social cotidiano de agresión y falta de intervención de los actores responsables; el estado anímico desolador y de impotencia que sentimos ante la incertidumbre acerca de cómo se podrá revertir tal situación” manifestaron.

“Como docentes universitarios queremos hacer un llamado a todos los involucrados en el conflicto en función del cargo público que ostentan (intendente y secretarios del Municipio, concejales, gobernador y ministros, dirigencia gremial, diputado por el pueblo y Poder Legislativo Provincial) para una pronta solución del mismo, ya que los daños que se están provocando y sus consecuencias en el ámbito social son inadmisibles en una sociedad democrática y republicana”, agregaba el texto presentado en julio. 

Un problema de todos

Por ser “uno de los puntos más importantes del amparo de los profesionales de UNPA”, el juez Marinkovic realizó la primera de varias inspecciones oculares que deberá ejecutar en el predio donde se ubica el Vaciadero Municipal de Río Gallegos. Del recorrido participaron, además, dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, autoridades de la comuna y la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Cruz, a cargo de Luis Silva, enmarcando también esta acción en el conflicto municipal. 

“Esto es un lugar que ya ha tenido un límite, que está generando un daño ambiental importante y que hay que buscar una solución” sostuvo el juez al dialogar con el móvil de LU12 Radio Río Gallegos. “Hay que tomar real dimensión de la situación” sostuvo Marinkovic, y planteó la necesidad de que “la ciudadanía asuma que es un problema de todos”. 

Asimismo, reconoció que lo que más le llamó la atención fue “la quema de basura, que impacta directamente en la salud de la gente” y recordó que “estamos al borde de una reserva ecológica arrojando residuos”. 

Por último, anticipó que “la idea es dictar rápidamente una sentencia, que sea colaboradora con soluciones”.

Desde Trabajo

Por su parte, las acciones llevadas a cabo por la autoridad laboral estuvieron a cargo del jefe del Departamento de Inspecciones, Cristian Pérez, y participaron los técnicos en Seguridad e Higiene Maira Muñoz, Lucía Márquez y Daniel Montaña. 

A través de un comunicado, se informó que “los profesionales ejecutaron una serie de inspecciones, quienes verificaron las instalaciones en cuanto al cumplimiento de las medidas de Seguridad e Higiene en los lugares que el personal municipal desarrolla sus labores de tipo administrativa, entre otros. 

En tanto, se ha dado a conocer que la planta recicladora del Vaciadero Municipal no ha sido objeto de inspecciones debido a que se encontraba previamente clausurada por orden del juez que entiende la causa”. 

Asimismo, notifican que “de las inspecciones ejecutadas se recomendó a la Municipalidad de Río Gallegos reacondicionar la estructura edilicia, entre ellas ventanas y puertas, y las instalaciones eléctricas”. 

Finalmente, el personal de la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social instó a la Municipalidad de Río Gallegos a presentar un plan de trabajo con fecha de inicio y culminación, tendiente a regularizar los puntos arriba indicados.