El gobernador José Alperovich, puso fin a la polémica que se generó a partir de la sanción de una ley provincial que regula y autoriza la realización de picadas de autos y motos, al anunciar ayer que la vetará porque esa práctica "es peligrosísima".
La Legislatura provincial transformó en ley la semana pasada un proyecto impulsado por el legislador José “Gallito” Gutiérrez para autorizar las picadas, medida que provocó críticas desde distintos sectores de la sociedad. En la Cámara la iniciativa no recibió mayores objeciones, pero hay que aclarar que el proyecto contaba con tres artículos, el último de ellos de forma, y dejaba en manos del Poder Ejecutivo la responsabilidad de reglamentar la normativa, con todas las consecuencias legales, administrativas, económicas, sociales y políticas de tal movida.
De esta manera, la Ley se convirtió en un enorme dolor de cabeza, encima con amplia repercusión nacional y no precisamente con titulares benignos hacia el Gobierno de la Provincia.
Sucede que “Gallito” Gutiérrez, en su proyecto, no dijo nada sobre quién debe organizar y controlar las picadas, cómo serán las medidas de seguridad en los lugares habilitados, quién estará a cargo del control y las tareas de prevención en materia sanitaria. Amén de otros detalles, como los seguros correspondientes y los gastos en Policía y personal del Siprosa.
Tampoco se tuvo en cuenta que aplicar la norma requería de recursos financieros para contar con recintos apropiados para las picadas en diferentes puntos de la provincia.
Alperovich ya había anticipado el lunes sus objeciones a la iniciativa, al preguntarse "¿Qué pasa si hay un muerto?", tras lo cual consideró que "si se aprueba, quiere decir que eso estará avalado por el Gobierno".
En un primer momento, el Gobernador había decidido que cada intendente se haga cargo directamente a través de su municipio, pero finalmente optó por vetar la ley.
El intendente capitalino, Domingo Amaya, y su par de Lules, César Dip, fueron los primeros en oponerse a la medida.
En cambio, el jefe del ejecutivo municipal de Famaillá, Enrique Orellana, no sólo se pronunció a favor de las picadas sino que propuso construir una pista en la provincia para la práctica de esa actividad. Ahora deberá darle otro destino al dinero, en caso de que hubiera estado disponible.
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