En las primeras horas de ayer los cuatro policías detenidos por la muerte de Gabriel Mura Ortiz fueron notificados en su lugar de reclusión, la Alcaidía Judicial, por el Ministerio Público de la Provincia, que en su contra la Fiscalía Penal 2 solicitó al juez de Garantías en turno la apertura de un proceso penal bajo la gravísima carátula de “homicidio agravado en abuso de sus cargos o función, por pertenecer a la fuerza policial de la provincia”.

La decisión fiscal firmada por Gabriela Buabse y Ricardo Samsón, se funda en los testimonios, denuncias y pericias forenses obrantes en la causa, en donde tanto el informe de la autopsia como de los diversos testimonios, incluidos el de los propios imputados dejaron a las claras motivos suficientes para sostener que los cuatro acusados participaron en la comisión del delito que se les imputa.

La fiscal solicita además que se mantenga por tiempo indefinido la detención de los cuatro policías, estudios psiquiátricos y psicológicos sobre los mismos, exámenes e hisopados bucal y de orina de todos los encartados y el secuestro de las armas utilizadas por el grupo Gedan la noche del fatal incidente.

Ayer, tras estas notificaciones tomó estado público la identidad de los acusados. Se trata de: el jefe del Grupo Gedan, subcomisario Claudio David Burgos (39); César Carmelo Figueroa (30); Carlos Alberto Arias (41), y Fernando Martín Cruz (33).

Entre los elementos valorados por la fiscalía se encuentran los testimonios de Ana María Collar, quien presenció la balacera en contra de Mura por parte de dos oficiales que se hallaban en el interior de su patio. El relato bajo juramento de Julio Alberto Viveros, quien asegura que un policía petiso, de tez morena, le acercó la Itaca a Mura por la espalda cuando éste se hallaba sobre la humanidad de otro policía con el que estaba enfrentado.

Además, el informe del médico que asegura que la víctima recibió un disparo a muy corta distancia y con balas o perdigones de plomo. La fiscalía pone de manifiesto que el personal policial en su descargo o denuncia de los hechos manifiestan una situación distinta e improbable. El decreto de apertura del proceso penal está en marcha bajo jurisdicción del Juzgado de Garantías 8.