Según informa su oficina de prensa, el legislador se entrevistó el lunes por la tarde con el Subjefe de la UR II, comisario mayor Carlos Barroso, tras los robos acontecidos en una distribuidora de lácteos y en una casa de artículos de pesca, a los fines de interiorizarse sobre el modo en que se realizan los patrullajes y el personal con que cuenta la fuerza, entre otros temas.

"Lamentablemente veo que nada ha cambiado desde el año pasado, cuando también nos reunimos con los jefes policiales, incluso con el titular de la Policía a nivel provincial, a raíz de la ola de asaltos que a mediados del año pasado afectaron al barrio Estación. En ese momento volvimos a plantear la necesidad de reforzar el número de efectivos y mejorar la infraestructura, especialmente en lo concerniente a movilidad", dijo el diputado de Pedernera.

Agregó que "desde entonces la realidad no ha variado. Es más, se ha agravado, porque en esta época hay incluso menos efectivos, porque muchos están de licencia por vacaciones, y numerosos móviles están parados porque están averiados y no hay presupuesto para arreglarlos. Es decir, hay menos personal, menos motos, menos autos, se ha despedido gente de Seguridad Comunitaria... es lógico que los robos se sucedan, para colmo el mismo juez del Crimen Alfredo Cuello cuestiona en sus fallos la falta de elementos con que cuenta la fuerza para la investigación científica de los delitos, algo que también hemos advertido en numerosas oportunidades".

Gargiulo agregó que junto al concejal José Giraudo se encuentran trabajando en dos proyectos, para que tanto los autos como las motos secuestradas, a nivel municipal y provincial, puedan ser transferidas a la policía a manera de depositario judicial. Debemos crear el marco legal, pero esto se puede hacer. Es inconcebible que tanto el municipio como la provincia tengan los galpones abarrotados de motos o de autos, que en muchos casos nadie reclama durante años, en lugar de poder destinarlos a reforzar y equipar a los efectivos que deben patrullar las calles".

De todos modos, reconoció que la seguridad "es un tema que no se agota en sumar personal o mayor movilidad, aquí hace falta un plan integral, una política mucho más amplia, que abarca cuestiones sociales mucho más profundas de las que tampoco se habla. Por ejemplo, se critica la delincuencia infantil o la incidencia de la droga, lo cual es cierto. Pero también debemos ocuparnos de reflexionar sobre qué contención brinda la sociedad a los jóvenes. Tanto a los que desertaron de la escuela y se dedican a delinquir, como a los que sufren algún tipo de adicción. En ambos casos, ¿qué atención se les brinda desde el Estado?", se preguntó.

Puso como ejemplo que "en toda la provincia de San Luis no existe un solo instituto de menores o un centro de rehabilitación de adicciones. Entonces los jueces de menores, cuando les llegan los casos de chicos detenidos, no tienen opciones. Al ser inimputables, los deben liberar y entregar a sus familias. Y eso no se soluciona bajando la edad de imputabilidad, sino ocupándonos seriamente de rehabilitar a esos chicos y de adoptar políticas sociales para prevenir que no caigan en la delincuencia, que vayan a la escuela. Pero claro, no olvidemos que aquí en 1995 se cerraron los centros de educación de adultos y posteriormente también la contención que brindaba el Hogar Escuela, es decir que todo esto es consecuencia de aquello, no una mera casualidad o la fatalidad del destino", enfatizó.

"Lo más grave es que pasan los años y nada cambia. Cuando uno habla en la intimidad con los efectivos policiales, muestran al desnudo la escasez de recursos con que trabajan. No sólo falta personal y móviles, también equipos de comunicación, armas, balas, presupuesto en combustible, no tienen ni siquiera un polígono para la práctica de tiro. Perciben sueldos bajísimos y se la pasan haciendo adicionales para poder mejorar sus ingresos. En estas condiciones, es imposible que pueda mejorarse el servicio de seguridad en Villa Mercedes".

Finalmente expresó que "a esta altura está claro que el problema no es la falta de presupuesto, porque para subsidiar el teatro, el tour ciclístico, el carnaval, la construcción de un nuevo velódromo o un anfiteatro para los ranqueles, la plata sobra. El problema es que en la gestión provincial la seguridad no es prioritaria, no se invierte, porque se considera un gasto inútil que no rinde hacia afuera, no se puede mostrar en el marco de la campaña presidencial del gobernador".