La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer se vanaglorió de algo que constituye un negociado infame: confirmó que la Argentina, un país que tiene uno de cada tres habitantes viviendo en situación de pobreza e indigencia, pagará hoy unos 3.520 millones de dólares a los acreedores (que no en pocos casos son tan buitres, como los que embargaron la Fragata Libertad) que poseen el cupón atado al crecimiento del PBI.

Según la primera mandataria, el pago se realizará “contra todos los pronósticos” y las “maniobras y estrategias”. Y afirmó que, en lo que va del año, se llevan pagados más de 11 mil millones de dólares, unos 55 mil millones de pesos. Lo que no dijo es que si semejante caudal de recursos se invirtiera en el mercado interno, a partir de planes estratégicos de desarrollo, posibilitaría la reactivación de la economía, generando puestos de trabajo genuino.

La primera mandataria advirtió que es una deuda que “por cierto no contrajo este Gobierno, pero la continuidad institucional y fundamentalmente la responsabilidad política nos ha hecho a nosotros realizar la reestructuración de deuda más importante”.

En realidad, los canjes de deuda que llevó adelante el kirchnerismo, en los años 2005 y 2010, constituyen un fenomenal negocio para bancos y fondos extranjeros de inversión, que no trajo ningún beneficio para la Argentina. Actualmente, el país tiene absolutamente vedado el acceso al mercado de capitales, dado que sólo podría acceder a créditos con tasas superiores al 18%, mientras Bolivia acaba de financiarse al 4%.

“Es un hecho que se sabe que se paga con reservas, por lo tanto afecta el nivel de reservas. Lo que hay que discutir es si en el momento que se hizo la reestructuración de la deuda tenía sentido poner una condición tan gravosa”, le dijo a Hoy el economista Eduardo Lucita (Universidad de Buenos Aires). Y agregó: “Estos bonos generan una ganancia extraordinaria, a partir de los cuales nosotros proponemos suspender los pagos de la deuda e investigarla a fondo. Solamente deberíamos pagar la deuda comercial y no las deudas generadas por la bicicleta financiera”.

El especialista recordó que “(cuando asumió el Gobierno) el no pago de la deuda duró 28 meses, ahí se podría haber investigado. Pero se terminó haciendo lo que pidieron los organismos internacionales. El peso de la deuda sobre la economía argentina es muy grande”.

En un repaso de lo realizado al respecto, la Presidenta señaló que la reestructuración implementada con los canjes de 2005 y 2010 representó un ahorro de “casi 80 mil millones de dólares”. Con esos recursos, ejemplificó, se pudieron invertir “18.520 millones en construcción, 27.271 millones en asignación universal por hijo y 36.000 millones en vivienda”.

Lo que no dijo la primera mandataria es cuántos fueron los miles de millones que, religiosamente, su gobierno les abonó a los buitres y a la banca internacional. Tampoco explicó por qué se niega investigar los negociados que, durante décadas, se tejieron alrededor de la deuda externa. Nunca se realizó ni siquiera una auditoría, cuando existen fallos judiciales en nuestro país que declararon esos compromisos externos como “ilegales” e “ilegítimos”.

Qué se podría hacer con 11 mil millones de dólares

Pymes

Otorgar 18.000 créditos de $ 3 millones cada uno destinados a pymes para crear empleo genuino y reactivar la producción

Autopistas

Construir 5.000 kilómetros de autopistas, lo que permitiría renovar integralmente la red vial en un país donde mueren 5.000 personas por año en accidentes de tránsito

Hospitales

Construir 100 hospitales de alta complejidad, totalmente equipados

Electricidad

Construir una represa hidroeléctrica para paliar una parte muy importante del déficit energético que se registra en el país

Casas

Construir 137 mil casas o destinar igual cantidad en créditos hipotecarios, a tasa cero, para paliar el déficit habitacional

Gas y petróleo

Cubrir el 50% de la inversión que requiere en Vaca Muerta, el mayor yacimiento del país, que posibilitaría acercarse al autoabastecimiento energético