El ingeniero aseguró que el contrato es “muy beneficioso” para el conjunto de los tandilenses y marcó sus principales ventajas. Por otro lado, aclaró que el Departamento Ejecutivo no tiene obligación de “consultar o pedir permiso” al Legislativo para efectuar modificaciones sobre el documento original.

Lo cierto es que este miércoles el vicepresidente de la Usina, Atilio Magnasco, y el síndico público Ricardo Saracca se acercaron al Concejo Deliberante para echar luz, aunque sin éxito, sobre las dudas sembradas en torno al convenio, motorizadas principalmente por el edil de la oposición.

Si bien el exconcejal de la UCR consideró que había podido evacuar las inquietudes, Iparraguirre por su parte insistió en advertir que aún resta responder “la pregunta del millón”: por qué se le omitió al Concejo Deliberante, al momento de tratar el expediente de convalidación del contrato original, las modificaciones que ya se le habían hecho.

 

“Se fue a la banquina”

Así las cosas, el jefe de Gabinete salió a aclarar ayer algunas cuestiones, teniendo en cuenta que el contrato en cuestión también le compete al Municipio.

En principio, consideró que Iparraguirre -a quien dijo apreciar y respetar- “se fue un poco a la banquina” y dijo haberlo visto “más preocupado por resaltar que el presidente de la Usina está de vacaciones en el extranjero que por profundizar en otras cuestiones”.

En cuanto a la reunión en la que el titular de la empresa de economía mixta mantuvo con ediles en su momento y en la que habría omitido las adendas efectuadas al documento original, Civalleri aclaró que él no puede hablar del tema porque no participó de ese encuentro, pero sí referirse al contrato en cuestión porque le compete al Municipio.

“El concejal Iparraguirre plantea en sus críticas una sospecha sobre un contrato en el que tiene que ver el Municipio y por eso hablo; no por las cuestiones de las rencillas que me parece que tienen más que ver con un posicionamiento de campaña que con otra cuestión”, sostuvo.

 

Las ventajas del acuerdo

Por su parte, el jefe de Gabinete aseguró que el contrato es “muy beneficioso” para los vecinos, ya que -entre otras ventajas- está hecho sobre la base de una estructura de costos abierta, de forma tal de garantizar que el Municipio paga por el servicio exactamente lo que surge del gasto porque existe una comisión de gestión -integrada por ambas partes- que audita cómo es la evolución de los costos.

“Esto quiere decir que, cuando se contrató a Usicom, no se hizo por un monto, sino por una estructura de costos que confeccionaron ambas partes y en la que el Municipio reconoce un costo de intermediación”, explicó.

De esa forma, resaltó que hoy la comunidad está pagando por tonelada de basura “menos la mitad” de lo que se paga en cualquier contrato privado de similares características, lo que consideró “bueno para el bolsillo de los tandilenses, que es lo que hemos tratado de preservar”.

En segundo término, remarcó que “el Municipio ha contratado a una empresa de Tandil, en la cual es accionista, es decir, todo lo que allí ocurra capitaliza a todos los tandilenses y además -reiteró- esto es virtuoso en términos de que la gestión de ese contrato en lo administrativo está en manos del Municipio, que es el que decide cuándo y cómo se llevan adelante determinados tipos de decisiones”.

 

Las modificaciones

Seguidamente, se refirió a las modificaciones hechas en el documento original y explicó que “la gestión del contrato es una atribución del Departamento Ejecutivo, es decir, el Ejecutivo no tendría ni siquiera la obligación de consultar o pedir permiso al Legislativo sobre esas modificaciones. En todo caso, como hemos hecho, es elevar las adendas para una toma de conocimiento”.

Explicó que, por ejemplo, “si en esa estructura, un costo se modifica porque el convenio colectivo determina un aumento de la mano de obra, se hace una adenda, se certifica que el costo realmente se incrementó, se cambia el valor y nosotros no tenemos que pedirle permiso al Concejo para ello”.

 

Una mirada política

Por lo tanto, Civalleri consideró que “hay algunas cuestiones que tienen que ver un poco con la mirada” e insistió en ese sentido en adjudicar la postura de Iparraguirre a “cuestiones de campaña”.

Es más, señaló que “no es un contrato entre el Municipio y una empresa privada cualquiera, sino de una empresa del grupo Usina. El directorio privado de la Usina, que está en manos de la Cámara Empresaria, es consciente de que este contrato es más para ayudar al Municipio a llevar a cabo un servicio como el del relleno sanitario que con una finalidad de lucro porque claramente es menor frente a todo lo que ello significa”.

En ese sentido, advirtió que “el Municipio incluso ha tenido problemas financieros el año pasado por hacer frente a los costos y eso lo tuvo que absorber la Usina”.

En fin, sintetizó que “hay muchas cuestiones” y por ello la importancia de remarcar que el contrato es ventajoso para todos los tandilenses. Lamentó entonces que “se intente plantear una mirada negativa sobre todo el contrato y sembrar un manto de duda y de sospecha, pero bueno, es la técnica”.

 

La demora de las inversiones

Por último, el jefe de Gabinete se refirió puntualmente a la adenda realizada en relación al diferimiento de la segunda etapa del programa. Al respecto, recordó que el plan preveía “la adquisición de una prensa o alguna otra alternativa que avance en la mejora del tratamiento de los residuos, pero se consideró que en un año donde hubo una inflación muy importante y donde el bolsillo de los ciudadanos está castigado, no era el momento oportuno para llevarlo a cabo y nosotros, como Gobierno, decidimos no impulsar el inicio de esa fase de inversión”.

Explicó que “fue por ello que se generó una adenda para dejarla en suspenso hasta que decidamos cuál es el momento oportuno”.